Una petición se convierte en las más firmada al no querer que Griñán sea indultado

El Tribunal Supremo hizo pública la sentencia completa sobre el caso de los ERE de Andalucía, un sistema de fraude en la concesión de ayudas sociolaborales. Uno de los condenados ha sido el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, sobre el que han recaído 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación.

Para esquivar la cárcel, su abogado, José María Calero, comenzó a plantear durante el verano la opción de solicitar su indulto. Y es que, aunque las más de mil páginas de sentencia se han dado a conocer en septiembre, el fallo de ésta se publicó el pasado mes de julio. Ahora, esta petición se ha hecho oficial y ya han comenzado a firmar aquellos que consideran que debe quedar exento de ir a prisión.

Hasta el momento, 4.000 personas han firmado esa solicitud de indulto, entre las que destacan políticos de diferentes partidos, personalidades del ámbito sindical, cultural, empresarial y deportistas.

Luis Alvise Pérez tuitero y analista político, «he creado una petición en la plataforma Change.org para que este indulto no se produzca. Ante las 4.000 firmas de diversos partidos del arco parlamentario español solicitando el indulto para el ex-presidente de la Junta, José Antonio Griñán, exigimos aquí el cumplimiento ÍNTEGRO de las resoluciones judiciales y la condena a José Antonio Griñán por ser con sentencia judicial firme el responsable del desfalco de casi 700 millones de euros robados al pueblo andaluz y español». Dicha solicitud ha acumulado 70.000 firmas. Para seguir firmando AQUÍ.

Parece que España se encuentra dividida entre quienes abogan por el indulto a José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación de caudales públicos, y quienes piden que el expresidente de la Junta de Andalucía cumpla íntegra su pena. Esta cuestión divide al Tribunal Supremo, al propio Gobierno de coalición Podemos rechaza la medida de gracia al ex dirigente del PSOE, y hasta a la sociedad civil, aunque en proporción dispar.

El argumentario de la familia, hecho suyo por el PSOE y los firmantes del manifiesto antes citado, se remite a la edad (76) del condenado. Pero, tal y como informó THE OBJECTIVE, este no es un requisito para conseguir la suspensión: en estos momentos existen 644 reclusos con más de 70 años, según datos de Instituciones Penitenciarias.