El envenenamiento del agua con sustancias tóxicas pone en riesgo la salud de diez millones de peruanos
© Roberto Villanueva En Perú existe gran contaminación del agua por vertidos tóxicos provenientes sobre todo de las operaciones de las empresas mineras.
El Gobierno de Perú debe atender el problema, dice un experto de la ONU en derechos humanos, recordando que la Constitución del país reconoce la prioridad del agua para consumo humano sobre cualquier otro uso. La contaminación del agua proviene, sobre todo de los vertidos de las empresa mineras.
Más de diez millones de peruanos, el 31,15% de la población, ingiere tóxicos como metales pesados en el agua que bebe, destacó este jueves el relator especial de la ONU para el derecho al agua potable y el saneamiento,* citando datos del Ministerio de Salud de Perú y llamando al gobierno a atender el problema que plantea ese envenenamiento debido principalmente a minería, que pone en riesgo la salud de las generaciones actuales y futuras.
Pedro Arrojo-Agudo visitó Perú recientemente, en medio del convulsionado entorno político que vive el país andino. “He tratado de analizar los problemas que quiebran los derechos humanos al agua y al saneamiento más allá de la coyuntura”, explicó, señalando que dichos problemas tienen sus raíces en acciones y omisiones a lo largo de décadas.
En sus observaciones finales tras la misión en el país, expuso que su visita a la región de Cajamarca confirmó la gravedad de las afecciones a la salud de la población que infligen las actividades mineras.
Los análisis de sangre revelan metales pesados
“Más allá de la gravedad de daños ambientales, con desecación de lagunas, bofedales y manantiales, desaparición de especies y mortandad de peces, resultan alarmantes los análisis de sangre promovidos por la municipalidad de Bambamarca, que revelan metales pesados en el 100% de sus pobladores”, apuntó el experto.
Añadió que la inacción de la Autoridad Nacional del Agua, que niega las evidencias de contaminación tóxica, ha dado lugar a una gran desconfianza de la población en las instituciones públicas.
Arrojo-Agudo advirtió que si bien la Constitución de Perú se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos y reconoce la prioridad del agua para consumo humano sobre cualquier otro uso, este precepto se incumple a menudo.
Retomó el ejemplo de Cajamarca, subrayando que en la ciudad capital de esa provincia, el 70% de la población bebe agua utilizada previamente por una empresa minera.
Además, expresó preocupación por la dificultad para acceder a análisis independientes sobre la presencia de contaminantes.
El relator reconoció los esfuerzos de Perú en materia de legislación y políticas públicas relacionadas al agua y saneamiento, aunque manifestó inquietud con respecto a su implementación efectiva.
«Es necesario cambiar los enfoques tradicionales del agua como puro recurso productivo por un enfoque ecosistémico sostenible y basado en los derechos humanos”, dijo.
Arrojo-Agudo llamó, por otro lado, a promover una gestión integrada que permita superar la vigente dispersión de competencias reforzando las capacidades municipales y comunitarias en la gestión de los servicios de agua y saneamiento.
ACMA Asociación Cultural por la Defensa del Medio Ambiente
