Autónomos de España no se sienten representados por las asociaciones y sindicatos

Los autónomos han estado observando durante los últimos años cómo las medidas adoptadas por los gobernantes solo han aumentado sus obligaciones y elevado su presión fiscal. Esto implica que, en lugar de recibir ayuda, se les imponen cada vez más obstáculos y dificultades para mantener sus negocios o emprender nuevos. Además, han notado que sus derechos laborales no han mejorado como se les ha prometido, sino que empeoran gradualmente.

Existe una creciente preocupación por la brecha que se está ampliando entre los trabajadores autónomos y los empleados asalariados, e incluso los trabajadores del sector público. A pesar de los supuestos avances en las nuevas protecciones que se les presentan como mejoras, la mayoría de los autónomos las encuentran inalcanzables debido a las condiciones y requisitos que exigen, los cuales resultan prácticamente imposibles de cumplir.

Un ejemplo reciente de esto es la llamada «factura electrónica», una iniciativa de los políticos que pretende reducir la morosidad en el pago de las facturas y fomentar el crecimiento empresarial. Sin embargo, en realidad conlleva nuevas y costosas obligaciones para los autónomos y microempresas, además de un control absoluto sobre la facturación para aumentar la recaudación fiscal. Esto se traduce en una restricción de la libertad individual y empresarial.

Un claro indicio de esta situación es que, ante las próximas elecciones generales, la ministra Calviño está tratando de tramitar de manera urgente un real decreto-ley para implementar la factura electrónica. También se está llevando a cabo una experiencia piloto en una comunidad autónoma de tamaño reducido, como el País Vasco, donde se obliga a los autónomos y empresas a prescindir de sus propios sistemas de facturación y utilizar el sistema implementado por la Administración tributaria, conocido como «Ticket-Bai». Esto representa otro recorte a la libertad individual y empresarial que se llevará a cabo a nivel nacional, mientras las asociaciones empresariales y de autónomos subvencionadas guardan silencio y aceptan sumisamente estas medidas, traicionando a aquellos a quienes dicen representar.

Resulta curioso y llamativo cómo el colectivo más sospechoso del país, debido a los numerosos casos de corrupción, trata a otros colectivos profesionales como presuntos defraudadores y delincuentes. Debería ser justo al revés: los autónomos y las pymes, con su esfuerzo y trabajo diario, son el pilar fundamental de la economía y el empleo en España.

Ante esta situación, los lectores, especialmente si son autónomos o pequeños empresarios, se preguntarán por qué asociaciones independientes y no subvencionadas, como A.U.P.A. u otras similares, nunca están representadas en las mesas de negociación. ¿Por qué cientos de asociaciones que trabajan directamente con los autónomos en la calle y conocen sus problemas reales siempre quedan excluidas de los foros donde se decide el futuro de los autónomos y emprendedores del país? La respuesta es simple: el sistema está diseñado para que solo las asociaciones con subvenciones o respaldo sindical, también subvencionados.

Estas asociaciones deben cumplir requisitos como tener sedes en al menos tres Comunidades Autónomas y contar con un mínimo de recursos humanos en plantilla, lo cual implica disponer de significativos recursos económicos, algo que las asociaciones independientes que se financian principalmente a través de las contribuciones voluntarias de sus miembros no poseen.

A pesar de todas estas dificultades y las trabas legales, la asociación A.U.P.A. (Autónomos Unidos Para Actuar) se enorgullece de llevar seis años defendiendo y luchando por los derechos de más de tres millones de autónomos, de todos los gremios y sectores. Esta asociación se sostiene exclusivamente mediante las pequeñas aportaciones de sus afiliados y no cuenta con el respaldo de ningún partido político, lo que garantiza su libertad e independencia.

Los coordinadores provinciales y los miembros afiliados de A.U.P.A. realizan un gran esfuerzo para lograr un cambio en todo lo denunciado anteriormente. Intentan reunirse con otras asociaciones profesionales y con todos los partidos políticos, sin excepción, dispuestos a escuchar sus demandas justas. Continuarán sin desfallecer, cada vez más convencidos de que vale la pena luchar por la defensa de los autónomos.