Las próximas elecciones en Colombia tienen un tinte oscuro

“No sé si es por las casitas rotas del fondo, por la tapia que podría ser el cementerio, o por la sangre que envuelve a los cuerpos, pero cómo me suena este cuadro a la Guerra civil de aquí. Y qué poco hemos cambiado en doscientos años, desde que Goya pintó los fusilamientos”.

Fernando Botero (1932-2023)

El pasado 15 de octubre, mencionó Gustavo Petro, palabras textuales: “…no apoyamos a genocidas” quien es el actual presidente de Colombia y representante de la Izquierda “Progresista”, al referirse a la respuesta militar del pueblo israelí contra el ataque bárbaro que realizó el grupo terrorista Hammas el domingo 7 de octubre. En cuanto a incursiones internacionales se refiere, no debemos olvidar que Petro no ha condenado el genocidio e invasión rusa contra el pueblo ucraniano, que lleva más de dos años ni se conoce su rechazo en contra de Maduro, responsable de la diáspora venezolana que comenzó hace más de una década. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos de bien rechazan las actuaciones del presidente en cuanto a política internacional, ya que Colombia siempre había sido un país diplomático y acertado en sus relaciones internacionales.

Genocidio acontecido en la historia de Colombia

Al parecer, Petro adolece de amnesia en cuanto a la memoria colectiva sobre el genocidio acontecido en la historia de Colombia durante décadas; violencia que tuvo un alumbramiento político y, que posteriormente, fue diseminándose hacia las filas de varias guerrillas. Hacia los años ochenta del siglo XX con el auge del narcotráfico, dichas guerrillas entraron en esta dinámica para financiar la lucha armada, convirtiéndose en su mayor fuente de financiación y, su contraparte, los paramilitares, hicieron lo suyo en la década de los años noventa, cuando se desviaron del fin primario de su creación: defender del acoso guerrillero a ganaderos, políticos, comerciantes y hacendados, entre otros. Ambos grupos cometieron viles asesinatos, masacres, desplazamientos forzados, secuestros, extorsiones, ajusticiamientos en sus propias filas y reclutamientos de menores en las zonas más desprotegidas del país.

Cuando Petro ha juzgado la violencia tiene un doble rasero, ya que reconoce y condena la violencia ejercida por los grupos paramilitares y los “falsos positivos”, estos últimos, hechos cometidos por militares en ejercicio, pero no lo hace con los actos atroces de las disidencias de la F.A.R.C. (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, con quienes se realizó un acuerdo de paz en el Gobierno de Santos) y el E.L.N. (Ejército de liberación nacional), guerrilla con la cual varios expresidentes han intentado hacer la paz y no lo han logrado.

La degradación de la lucha armada con un fin político hacia el negocio del narcotráfico ha sido el caldo de cultivo para el nacimiento de otras organizaciones criminales, tanto de izquierda como de derecha que no solo son de Colombia, sino que tienen tentáculos de grupos criminales mexicanos y venezolanos establecidos en el país.

Desórdenes y daños públicos en 2020

Petro quiere la paz, pero su Gobierno no dialoga con los grupos empresariales, que aportan al empleo y a la estabilidad económica de miles de ciudadanos. Ofrece discursos unilaterales a pobladores de escasos recursos, propone grandes ayudas a diferentes grupos sociales, entre ellos los integrantes de la “primera fila” (manifestantes que incurrieron en desórdenes y daños públicos en 2020 en varias ciudades del país, algunos excarcelados y convertidos en “gestores de paz”), acude a marchantes indígenas que llegan como por arte de magia a Bogotá para que apoyen sus propuestas, propone reformas sin presupuestos preparados, como el de salud, en lo que hay más de improvisación como ocurrió con el caso de las basuras en su alcaldía de Bogotá (2012-2015); lo que pone en riesgo lo establecido durante años en diferentes ámbitos de la economía, como la exploración de nuevos pozos petroleros; el cambio hacia las energías limpias debería ser paulatina y no de tajo como se pretende, y todo ello apunta a que será Venezuela el país que supla la futura necesidad de combustible.

El próximo 29 de octubre habrá elecciones para autoridades locales en Colombia: alcaldes, gobernadores, concejales, diputados a las asambleas departamentales y ediles de las juntas administradoras para el periodo 2024 –2027. En varios departamentos ha habido constreñimiento electoral, amenazas y atentados a candidatos de diferentes corrientes políticas. Lamentablemente, hay vínculos de grupos delincuenciales que han financiado campañas en varias ciudades del país.

W Radio

Según investigación detallada de la W Radio, titulada “Qué hay detrás del aumento de la inseguridad en Pereira”, existe en Risaralda y el Eje Cafetero, un grupo autodenominado “La Cordillera”, que opera con actividades de sicariato, extorsión, tráfico de estupefacientes y préstamos “gota a gota”, esta última
modalidad es el cobro excesivo de intereses por un crédito informal que en algunas ocasiones termina mal.

Los ciudadanos votarán en medio de una incertidumbre porque se ha desdibujado la línea que separa el bien hacer político y la influencia de grupos delincuenciales, paramilitares y guerrilleros, aunado al hecho de que este período presidencial colombiano es ambiguo y de un futuro incierto.