La polémica propuesta de Amnistía de Pedro Sánchez: ¿Golpe de Estado encubierta?

El presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha generado controversia en España al plantear la posibilidad de una amnistía para los prófugos de la justicia. Esta propuesta ha suscitado debates en la nación y otros países, con opiniones encontradas sobre su significado y sus implicaciones para el Estado español y su Constitución.

Carles Puigdemont es un nombre que quedará marcado en la historia de Cataluña y España debido a su papel en la promoción de un referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia de Cataluña en octubre de 2017. Esta declaración unilateral de independencia, que apenas duró un minuto, sumió a España en una de las mayores crisis políticas de su historia reciente.

Puigdemont, quien en ese momento era el Presidente de la Generalitat de Cataluña, lideró el movimiento independentista que desafiaba la Constitución española y la legalidad vigente. Organizó un referéndum sobre la independencia de Cataluña, que el gobierno central consideró ilegal y antidemocrático.

Sin embargo, la declaración de independencia fue breve y simbólica, ya que inmediatamente después, el Senado español aplicó el artículo 155 de la Constitución, destituyendo al gobierno catalán y asumiendo el control de la región. Puigdemont y otros líderes independentistas huyeron de la justicia española para evitar ser arrestados. En un episodio llamativo, Puigdemont se dice que escapó en el maletero de un automóvil para cruzar la frontera entre España y Francia.

Este capítulo de la historia reciente de España y Cataluña puso de manifiesto las tensiones y divisiones políticas en la región, así como los desafíos de encontrar una solución que respetara tanto el deseo de autonomía de Cataluña como la unidad de España dentro de su marco constitucional.

Los argumentos en contra de la Amnistía

Amenaza a la Constitución: Los críticos argumentan que una amnistía indiscriminada pondría en peligro la Constitución española y el Estado de derecho. Consideran que perdonar a los profugos de la justicia socavaría la confianza en las instituciones democráticas y en la primacía de la ley.

Impunidad y desconfianza: Otro punto de preocupación es que la amnistía podría percibirse como un acto de impunidad para aquellos que han cometido delitos graves. Esto podría minar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y en la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley de manera justa.

Uso político: Algunos argumentan que Pedro Sánchez está impulsando esta propuesta para servir a sus propios intereses políticos, en lugar de buscar el bienestar de la nación. La acusación de un «golpe de estado encubierto» sugiere que esta medida podría ser utilizada para consolidar el poder de Sánchez en lugar de abordar legítimamente los problemas judiciales pendientes.

La posición del Rey

El Rey de España, simboliza la unidad nacional, debe jugar un papel fundamental en este debate. Sin embargo, es importante recordar que el sistema democrático español permite que las decisiones políticas importantes se tomen a través del diálogo y la deliberación.

En la Constitución, ante la posibilidad de una ley de amnistía o cualquier medida similar en sus efectos se encuentra estrictamente prohibida por el artículo 62, inciso i). Este artículo establece que el Rey, como máximo representante del Estado, no tiene la facultad de sancionar una ley con tales características. Esta prohibición constitucional no es un mero formalismo, sino una salvaguardia esencial para preservar la integridad de la Carta Magna.

El incumplimiento de esta restricción constitucional sería considerado perjurio por parte del Rey, ya que al acceder a su cargo, juró solemnemente proteger y hacer cumplir la Constitución. Este compromiso fue asumido tanto en su etapa como príncipe de Asturias como en su ascenso al trono como Rey. Cumplir con esta promesa es fundamental para mantener la estabilidad y la legalidad en su país, respetando el principio de separación de poderes y garantizando los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

Amnistía total

La posibilidad de una amnistía total plantea interrogantes importantes sobre el estado de la justicia y la separación de poderes en un país. Si llegara a implementarse, existe el riesgo de que la justicia quede en manos de los políticos, quienes podrían manipular leyes a su favor para evadir responsabilidades por delitos graves. Esto podría llevar a una percepción de que el pueblo está subyugado a la voluntad de los líderes políticos, sin una defensa efectiva de las instituciones judiciales.

Este escenario podría generar inquietud y desconfianza en la población, que podría sentir que se está avanzando hacia un tipo de gobierno en el que los líderes actúan como dictadores democráticos, tomando decisiones en su propio beneficio y sin tener en cuenta el bienestar de la sociedad en general. En lugar de promover la justicia y la igualdad ante la ley, una amnistía de este tipo podría dar lugar a una situación en la que los poderes políticos prevalezcan sobre los derechos individuales y la democracia. Es importante que cualquier medida de amnistía se implemente con cuidado y con un profundo respeto por el estado de derecho y los principios democráticos para evitar el abuso de poder y la erosión de las instituciones democráticas.