Aprobada la iniciativa de VOX para actualizar el complemento de insularidad del personal en activo del sector público estatal en los territorios insulares

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Las indemnizaciones por residencia no se actualizan desde 2006

La Proposición No de Ley de VOX para la actualización del complemento de insularidad del personal en activo del sector público estatal en los territorios insulares, ha sido aprobada hoy en la Comisión Mixta de Insularidad que se ha celebrado en el Senado. El objeto de la iniciativa consiste en que el Ejecutivo actualice las indemnizaciones por residencia, para adaptarlas a la realidad económica de Baleares, pues llevan 16 años sin actualizarse; e impulsar la cobertura de los puestos vacantes en las relaciones de puestos de trabajo de la Administración General del Estado en los territorios insulares.

Tal y como ha explicado, esta problemática se resume en dos cuestiones principales: «El alto precio de la vivienda y la carestía tan alta de la vida en el archipiélago y la barrera idiomática que supone la inmersión lingüística obligatoria en catalán, que afecta a las familias de los funcionarios que tienen hijos en edad escolar y que supone un fracaso para esos niños o la separación de las familias».

La cuantía del complemento de insularidad no se ha actualizado de forma periódica o se ha hecho de forma dispar

En esta línea, el diputado Jorge Campos ha celebrado que en cuestión lingüística, el actual gobierno regional «está dando algunos pasos para acabar con ella». Sin embargo, ha denunciado que la cuantía del complemento de insularidad «no se ha actualizado de forma periódica o se ha hecho de forma dispar entre los cuerpos del sector público estatal». «La última vez que el gobierno de la Nación fijó los criterios para actualizar la indemnización por residencia fue en el Real Decreto Ley 11 2006, de 29 de diciembre», ha especificado el diputado de VOX.

La brecha territorial ha sido una de las banderas de VOX desde el inicio, puesto que «perjudica a los trabajadores españoles de las distintas regiones y dificulta su movilidad, valorando siempre el factor diferencial que implica la insularidad». «Ha sido la línea constante de nuestras iniciativas, la exigencia de acabar con toda imposición lingüística y con toda discriminación entre regiones y la demanda de salarios dignos para los servidores públicos», ha puntualizado Campos.

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