Admitida querella interpuesta por Canal 4 Televisión a miembro del Govern Balear y de la UIB por supuesta infracción de ley en subvenciones y comisión de delitos en prevaricación administrativa

El juzgado número 5 de Palma ha admitido a trámite la querella por el delito de prevaricación administrativa interpuesta por la empresa Canal 4 Televisión de Baleares SLU contra:

Miquel Company i Pons, Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears.

Miquel Ángel Sureda Massanet, secretario autonómico de Universidad, Investigación y Política Lingüística.

Beatriz Defior Barcons, directora general de Política Lingüística de la Secretaría Autonómica de Universidad y política lingüística de la administración autonómica de las Islas Baleares.

La querella se basa en una supuesta infracción de la ley de subvenciones y la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa.

La empresa alega que la administración ha otorgado subvenciones a medios de comunicación que no cumplían los requisitos establecidos por la ley y que, en algunos casos, se han utilizado los fondos públicos para fines distintos a los previstos. La empresa solicita que se investigue y se depuren responsabilidades penales y civiles.

La querella presentada por Canal 4 Televisión de Baleares SLU se basa en la supuesta comisión de delitos de prevaricación por parte de funcionarios de la administración autonómica. La empresa alega que se han otorgado subvenciones a medios de comunicación que no cumplían los requisitos establecidos por la ley y que se han utilizado fondos públicos para fines distintos a los previstos.

Es importante señalar que, en un Estado de Derecho, el principio de legalidad es fundamental y debe respetarse en todo momento. En este sentido, la ley de subvenciones establece unos requisitos que deben cumplir los beneficiarios de las mismas y unos fines específicos para los que deben utilizarse los fondos públicos.

Si se demuestra que los funcionarios de la administración han otorgado subvenciones a medios de comunicación que no cumplían los requisitos establecidos por la ley o que se han utilizado fondos públicos para fines distintos a los previstos, estaríamos ante una infracción de la ley de subvenciones y posiblemente ante la comisión de delitos contra la administración pública.