28 de junio de 2022

GRUPO PERIÓDICO DE BALEARES

Periodico de Baleares

Agentes de la Policía Nacional han destapado en las islas de Tenerife y El Hierro, ambas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un fraude a la Seguridad Social realizado a través de tramas empresariales del sector de la construcción. En total, el perjuicio producido a la Tesorería General de la Seguridad Social se eleva a 981.442 euros, llevado a cabo por sociedades radicadas en los partidos judiciales de Valverde, La Orotava, Arona y Santa Cruz de Tenerife. Once personas han sido detenidas por su presunta participación en tramas empresariales implicadas en un total de 16 delitos.

Los empresarios arrestados resultaron ser los responsables de cada una de estas tramas societarias, en las que se trasladaba la actividad de unas a otras con el ánimo de seguir trabajando sin abonar los seguros sociales de los trabajadores ni los propios. La sociedad o el empresario individual sustentaba la actividad comercial generando deuda, sorteando el consiguiente procedimiento ejecutivo de embargo mediante el empleo de otras mercantiles que sustituían a las deudoras, con la misma realidad de negocio, dirección, trabajadores y clientes, pero aparentando ser personas jurídicas distintas. 

Se utilizaban empresas o personas físicas interpuestas para ocultar o dificultar la identificación del obligado al pago o la localización de su patrimonio y, en definitiva, al verdadero responsable de estas actuaciones ilícitas. Esto ha supuesto la imputación de cuatro delitos contra la seguridad social a los responsables o administradores de hecho y a los testaferros o administradores de derecho, generando así un importante fraude directo por impago de cuotas y una reseñable competencia desleal con otros empresarios del sector, mientras ellos incrementaban sus márgenes de beneficios.

En el análisis patrimonial de las empresas y de sus responsables, por sus datos de retribuciones, operaciones con terceros y volúmenes de movimientos de fondos en cuentas bancarias, se han revelado incongruencias y evidencias suficientes que señalan el ánimo defraudatorio. También ha quedado en evidencia la voluntad de evitar los procedimientos en vía ejecutiva, a través del análisis de las escrituras realizadas por los implicados, que ha puesto al descubierto hasta doce operaciones en las que se frustra la ejecución de los embargos, iniciados en los respectivos procedimientos de apremio seguidos a causa de las deudas mantenidas con la Seguridad Social.

Los agentes determinaron la participación delictiva de once personas, incluyendo a los responsables y sus testaferros, a los que se les considera autores o colaboradores en los delitos contra la Seguridad Social y de frustración de la ejecución, en sus diversas modalidades.

Agentes de la Policía Nacional han destapado en las islas de Tenerife y El Hierro, ambas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un fraude a la Seguridad Social realizado a través de tramas empresariales del sector de la construcción. En total, el perjuicio producido a la Tesorería General de la Seguridad Social se eleva a 981.442 euros, llevado a cabo por sociedades radicadas en los partidos judiciales de Valverde, La Orotava, Arona y Santa Cruz de Tenerife. Once personas han sido detenidas por su presunta participación en tramas empresariales implicadas en un total de 16 delitos.

Los empresarios arrestados resultaron ser los responsables de cada una de estas tramas societarias, en las que se trasladaba la actividad de unas a otras con el ánimo de seguir trabajando sin abonar los seguros sociales de los trabajadores ni los propios. La sociedad o el empresario individual sustentaba la actividad comercial generando deuda, sorteando el consiguiente procedimiento ejecutivo de embargo mediante el empleo de otras mercantiles que sustituían a las deudoras, con la misma realidad de negocio, dirección, trabajadores y clientes, pero aparentando ser personas jurídicas distintas. 

Se utilizaban empresas o personas físicas interpuestas para ocultar o dificultar la identificación del obligado al pago o la localización de su patrimonio y, en definitiva, al verdadero responsable de estas actuaciones ilícitas. Esto ha supuesto la imputación de cuatro delitos contra la seguridad social a los responsables o administradores de hecho y a los testaferros o administradores de derecho, generando así un importante fraude directo por impago de cuotas y una reseñable competencia desleal con otros empresarios del sector, mientras ellos incrementaban sus márgenes de beneficios.

En el análisis patrimonial de las empresas y de sus responsables, por sus datos de retribuciones, operaciones con terceros y volúmenes de movimientos de fondos en cuentas bancarias, se han revelado incongruencias y evidencias suficientes que señalan el ánimo defraudatorio. También ha quedado en evidencia la voluntad de evitar los procedimientos en vía ejecutiva, a través del análisis de las escrituras realizadas por los implicados, que ha puesto al descubierto hasta doce operaciones en las que se frustra la ejecución de los embargos, iniciados en los respectivos procedimientos de apremio seguidos a causa de las deudas mantenidas con la Seguridad Social.

Los agentes determinaron la participación delictiva de once personas, incluyendo a los responsables y sus testaferros, a los que se les considera autores o colaboradores en los delitos contra la Seguridad Social y de frustración de la ejecución, en sus diversas modalidades.

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