El Ayuntamiento de Santa Eularia ordena la clausura provisional de una vivienda vacacional que superó los niveles de ruido situada en el entorno de la rotonda de Los Cazadores
El departamento de Infracciones del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha iniciado un procedimiento sancionador contra las empresas propietaria y gestora de una casa, con título de Establecimiento Turístico Vacacional, situada en las inmediaciones de la rotonda de los cazadores y que había generado molestias de importancia a los vecinos. Una sonometría permitió constatar que se superaban en 12 decibelios los límites sonoros permitidos lo que, unido a la voluntad observada de obstrucción a la acción inspectora al no permitir el acceso al recinto, lleva al Consistorio a decretar la clausura provisional de las instalaciones, así como a imponer una sanción por vulneración grave de la ordenanza de ruidos, la cual oscilará entre los 8.001 y los 12.000 euros. No es el único expediente abierto por la constatación, mediante pruebas periciales, de la superación de los niveles de ruidos. También se han iniciado expedientes para otras dos viviendas.
En el primero de los casos, el pasado 19 de julio se recibieron numerosas quejas por molestias por una celebración que se desarrollaba en esta vivienda unifamiliar en entorno rural y con placa de ETV. Agentes de la Policía Local pudieron constatar los hechos, si bien no se contó con la colaboración de los responsables de la celebración para acabar con las molestias. De hecho, se considera que cometieron una infracción grave de obstrucción a la labor inspectora al no querer identificarse.
Dada la actitud de los responsables, se procedió a realizar una medición sonométrica que arrojó valores que alcanzaron los 67 decibelios, 12 más de los permitidos. Dada la infracción de las ordenanzas de ruido y convivencia, y vista la nula voluntad de colaboración por parte de las personas presentes en el interior del recinto (al cual se dirigieron numerosos vehículos de transporte de pasajeros si bien no se pudo constatar actividad lucrativa vinculada), el Ayuntamiento ha decidido abrir un expediente sancionador cuya medida más inmediata, según permite el artículo 37 de la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones, ha sido la clausura temporal de las instalaciones residenciales de comercialización turística y dedicadas a la celebración de eventos existentes hasta la efectiva adopción y verificación de las medidas correctoras suficientes para el cumplimiento de los valores de inmisión sonora establecidos legalmente. Igualmente, se propone la imposición de una multa por infracción grave, de entre 8.000 y 12.000 euros, a las dos empresas y dos personas responsables del evento.
Sanciones en Roca Llisa y Jesús
Además de este procedimiento, desde Infracciones también se han formalizado esta semana otros dos expedientes en que, mediante sonometría, se pudo comprobar cómo se estaban superando los niveles de ruido y generando molestias a los vecinos.
En uno de los casos se actuó en una vivienda de la urbanización de Roca Llisa el pasado día 18 de julio. En este caso se trataba de una vivienda particular en la que la Policía Local pudo constatar la emisión de ruidos muy elevados durante la madrugada, motivo por el que se realizó una sonometría que dio como resultado unos niveles sonoros de 60 decibelios, 15 más que lo permitido por la normativa en aquella zona y en horario nocturno. Esta situación se tipifica igualmente como una infracción grave, por lo que la posible multa se fijará en un valor de entre 8.000 y 12.000 euros. En este caso los responsables son tanto la propietaria de la vivienda como el responsable del evento.
La tercera actuación tuvo lugar en Jesús, también el pasado día 3. En este caso también es una vivienda particular, si bien está registrada a nombre de una empresa. La prueba sonométrica arrojó valores superiores en 5 dB a los 55 dB legalmente permitidos, por lo que se trata de una infracción leve sancionada con hasta 600 euros de multa. La sanción se dirige tanto a la sociedad propietaria de la casa como a la persona que en ese momento se identificó como responsable de la vivienda.
