La Guardia Civil y el SEPRONA realizan inspecciones en terrenos rústicos por vertidos ilegales de residuos

En una reciente operación, la Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), ha llevado a cabo siete inspecciones en terrenos rústicos en los municipios de Palma, Marratxí, Santanyí, Muro, Llucmajor y Capdepera. Estas inspecciones se realizaron ante sospechas de vertidos ilegales de residuos procedentes de obras y demoliciones.

Las inspecciones fueron realizadas conjuntamente con el Servei de Residus de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, y en los casos de Palma y Marratxí, también con la colaboración de los responsables de las áreas de urbanismo y actividades de los respectivos Ayuntamientos. Durante la investigación que culminó en estas inspecciones, los agentes del SEPRONA descubrieron que los residuos generados en obras de construcción, en lugar de ser transportados a un gestor autorizado, eran depositados ilegalmente en parcelas rústicas. Estos residuos eran almacenados, vertidos, triturados y, en algunos casos, incluso enterrados sin la trazabilidad obligatoria.

Los investigadores observaron que la mayoría de los residuos provenían de obras sin licencia urbanística, lo que implica una falta de control por parte de la Administración en el seguimiento de estos materiales. Los agentes y los inspectores de la Conselleria localizaron grandes cantidades de residuos acopiados ilegalmente en suelo rústico. Según la normativa vigente, el propietario de la parcela es considerado el poseedor de los escombros y es responsable de gestionarlos adecuadamente mediante su entrega a un gestor autorizado. De no hacerlo, incurre en infracciones por la deficiente gestión de los residuos.

Además, se han tramitado denuncias contra empresas y personas infractoras por la carencia de títulos habilitantes para ejercer actividades comerciales o industriales en parcelas rústicas. Estas denuncias han conllevado como medida cautelar la paralización de las actividades.

La Guardia Civil ha informado que las parcelas en las que se vierten o entierran residuos de la construcción pueden ser declaradas como suelos contaminados, ya que a menudo contienen fibrocemento con amianto, un residuo catalogado como peligroso. Esto implica que los responsables de los enterramientos ilegales deberán asumir las obligaciones de descontaminación y recuperación de los terrenos afectados.

Tras los informes periciales solicitados y las próximas prospecciones y muestreos de los terrenos, si se acredita que existe riesgo o afectación del suelo, subsuelo o de la masa de agua subterránea debido a los vertidos ilegales de residuos contaminantes, los agentes procederán a investigar a los responsables como presuntos autores de un delito contra el medio ambiente.

Por el momento, los infractores se enfrentan a sanciones que van desde los 2.001 hasta los 600.000 euros. Esta campaña de inspecciones continuará en otras localidades de la isla, debido al aumento de estas conductas incívicas.

Global Castillo