Una razón más de la pérdida de confianza en la Administración Española

✍Rita Toymil/

La Administración tiene como objetivo llevar a cabo acciones en presente que generen resultados positivos a largo plazo. Sin embargo, en este caso se ha visto frustrado, ya que los pagos de prestaciones realizados durante la pandemia, destinados a estabilizar la economía familiar y asegurar la continuidad laboral de los trabajadores autónomos, ahora rompen esa armonía. La Administración intenta corregir un error propio, afectando negativamente la economía de estos, que aún están lidiando con las consecuencias de la crisis.

Aunque la capacidad de la Administración ya era cuestionable en tiempos normales, la pandemia la puso en jaque en el contexto más complejo e incierto del último siglo. Ese escenario demandó de ella un altísimo y arduo trabajo, que supuso entre otras cosas la toma de decisiones aceleradas e incluso de improvisación y esta es la razón de un sinfín de errores que se cometieron y que hoy, superado aquel momento, pretenden ser resueltos aunque eso suponga un perjuicio para los trabajadores.

Es importante señalar que, aunque los pagos indebidos pueden ser reclamados dentro de un plazo legal, el Tribunal Supremo ya ha establecido que un contribuyente no está obligado a devolver una prestación recibida por un error administrativo, siempre que haya actuado de buena fe. Los beneficiarios de estas ayudas confiaron en la Administración, que parecía estar actuando correctamente. Si el error fue de ella, no hay mala fe por parte de los beneficiarios, quienes no deberían tener que reembolsar lo que se les reclama.

La jurisprudencia ha dejado claro que la Administración debe cumplir con sus obligaciones antes de exigir lo mismo a los demás. La Ley 40/2015 establece principios de buena fe y confianza legítima, pero esto no implica que los ciudadanos deban cargar con las consecuencias de decisiones administrativas erróneas. Además, la Ley 39/2015 señala que aquellos que causan vicios o defectos en un acto no pueden alegarlos en su beneficio.

Aceptar la validez de estas reclamaciones sería aceptar que la Administración se beneficie de sus propios errores, lo cual va en contra de principios jurídicos fundamentales. La doctrina de la torpeza, presente en este conflicto, es reproche de una falta de coherencia que obedece al error administrativo y que se alza frente a la obligación de la Administración Pública de actuar con diligencia y máxima eficacia en el desempeño de sus funciones.

Exigir la devolución de estas prestaciones podría ser ilegal si no hubo dolo por parte de los beneficiarios y el error fue exclusivamente de la Administración. Aunque cada caso puede tener sus particularidades, la tendencia en la jurisprudencia (del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) sostiene que los ciudadanos no deben devolver ayudas recibidas por errores administrativos, siempre que no haya mala fe.

Para los afectados la confianza es hoy un espejismo. El proceso de auditoría actual está generando incertidumbre y serias dificultades económicas para los que luchan por mantenerse a flote mientras enfrentan la presión de devolver los pagos en un corto plazo.

Sobran razones para la pérdida de confianza, esta se convierte en una vela que se apaga por el viento de la desilusión, el desamparo y la inseguridad. Las consecuencias serán profundas y duraderas, se endeudan trabajadores que representan un pilar esencial de la economía española, se debilita el compromiso con el bien común y el entendimiento mutuo, todo conduce hacia la falta de legitimidad de un gobierno que cae en el descrédito y la desconfianza.