La empresa pública Emaya, encargada de la gestión de servicios urbanos en Palma, se encuentra en el ojo del huracán debido a una gestión deficiente y un escándalo de amiguismo sin precedentes. La aplicación del Real Decreto 20/2021, que entró en vigor en enero de 2022, obligaba a la estabilización de más de 400 trabajadores. Sin embargo, la dirección de la empresa ha manejado este proceso de forma arbitraria y claramente injusta, beneficiando a un selecto grupo de directivos mientras la precariedad laboral se ha disparado.
Durante el año 2023, el área de Servicios Jurídicos y Financieros de Emaya hizo públicos los procedimientos de oferta de empleo con la promesa de reducir la temporalidad. No obstante, la realidad es que la situación ha empeorado de forma alarmante: la plantilla de fijos-discontinuos ha aumentado hasta 180 personas y los contratos temporales superan los 200. Este descontrol en la gestión de Recursos Humanos ha convertido la estabilidad laboral en una utopía para muchos empleados.
Mientras los trabajadores se veían obligados a someterse a procesos de selección para conservar sus puestos, cinco directores, designados a dedo por el PSOE, se aseguraban su futuro con un plan a medida: un blindaje que les otorgaba el estatus de jefes de departamento sin competencia alguna. En un escandaloso ejercicio de "yo me lo guiso, yo me lo como", la dirección de Servicios Jurídicos convocó una plaza para la que solo se presentó un candidato, asegurando así la continuidad de este selecto grupo.
A medida que se acercaban las elecciones de mayo de 2023 y ante la posibilidad de un cambio político, la directora de Servicios Jurídicos intentó blindar todavía más al "Equipo A" (como irónicamente los llaman los trabajadores), incorporando un reglamento de funcionamiento al convenio colectivo de Emaya Calidad Urbana. Este movimiento buscaba impedir que una nueva dirección pudiera destituir a estos altos cargos, garantizándoles sueldos de hasta 90.000 euros anuales, mientras el resto de la plantilla luchaba por su continuidad.
Afortunadamente, dos sindicatos, USO y USTE, se opusieron firmemente a este procedimiento turbio y arbitrario. Sin embargo, la oposición no impidió la maniobra de la dirección de Emaya, que continuó con su estrategia de amiguismo sin tapujos. Las críticas contra estas prácticas llegaron incluso al ámbito judicial, cuando el director general del Grupo Periódico de Baleares, Francisco José Castillo Navarro, fue despedido, ya que se público dicha información en este medio, aparte de ser sindicalista y estar en la directiva de USTE.
Ayer, el escándalo llego a los juzgados de lo social de Palma. Emaya, con el respaldo de los sindicatos afines, ha defendido su política de blindajes en una comparecencia en la que han destacado las incongruencias de su gestión. Uno de los elementos más llamativos es que un sindicalista, que también ostenta un cargo de libre designación, ha sido beneficiado con la categoría de jefe de departamento, lo que hace sospechar que la exclusión se debe a la falta de titulación académica requerida.
Aún más indignante es el hecho de que, en su defensa, Emaya haya contratado a un abogado privado con dinero público, a pesar de contar con un equipo de abogados en plantilla. Como si esto no fuera suficiente, el ex presidente de Emaya, Ramón Perpiñà, quien nombró y estabilizó al "Equipo A", también se ha sumado al círculo de apoyo. Quien estuvo ayer presente, en los juzgados, apoyando a los directivos, un conchaveo entre el PP y PSOE, que en algunos lares parecen que son lo mismo, aparte de los sindicatos afines a la empresa. Todo una vergüenza, ver a estos señores defenderse, para seguir ganando su dinero calentito, acosta de los contribuyentes. Riéndose y riéndose, en su fiesta particular de engaños, corruptelas y actos mafiosos.
La situación en Emaya es un reflejo de la corrupción, el amiguismo y la falta de transparencia que lamentablemente sigue imperando en muchas instituciones públicas. Mientras unos pocos disfrutan de estabilidad y sueldos desorbitados, cientos de trabajadores viven en la incertidumbre, sometidos a una gestión que solo vela por los intereses de una élite privilegiada.
El PSOE abrió la presunta puerta a la corruptela que se esta viendo, con la ayuda de los partidos de izquierda de Més, Podemos, Izquierda Unida, y por supuestos de los sindicatos vendidos por los favores recibidos, demasiados estómagos agradecidos.
Es hora de que se exijan responsabilidades y que se ponga fin a estos abusos en una empresa pública que, al ser pública, debería estar al servicio de la ciudadanía y no de unos pocos beneficiados por el compadreo político.
La justicia tiene la obligación de esclarecer quiénes son los responsables de este nuevo desfalco a las arcas públicas. Mientras tanto, los ciudadanos siguen siendo los grandes perjudicados, pagando con sus impuestos los excesos de una clase política y sindical que ha demostrado estar más interesada en engordar sus bolsillos que en gestionar con responsabilidad.
Este saqueo no es nuevo: empezó con UM, siguió con el PP, luego el PSOE con Més y Podemos, y ahora vuelve a repetirse con el PP. Un ciclo interminable de incompetencia y corrupción en el que los responsables máximos se esconden detrás de discursos vacíos y promesas que jamás cumplen. Es una vergüenza ver cómo políticos y sindicalistas se venden al mejor postor, traicionando a quienes deberían representar.
El caso de Emaya es el ejemplo perfecto de cómo la ineptitud y la avaricia están hundiendo una institución clave. La gestión ha sido entregada a personas sin preparación, cuya única meta parece ser enriquecerse a costa del dinero público. Mientras tanto, los servicios se deterioran, los trabajadores sufren las consecuencias y los ciudadanos pagan las facturas de este desastre.
Basta ya de impunidad. Es hora de exigir responsabilidades y limpiar de una vez por todas esta red de corrupción y amiguismo que está asfixiando la gestión pública.
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