✍️ Francisco José Castillo/ El reciente acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts para transferir la gestión de la inmigración a la Generalitat de Cataluña es un nuevo episodio en la deriva concesionista del Ejecutivo central, cuyo único propósito parece ser mantenerse en el poder a cualquier precio. Bajo la excusa de la descentralización y el autonomismo, este pacto supone una cesión inaceptable que compromete la cohesión del Estado y sienta un peligroso precedente.
Un acuerdo negociado en la sombra
El secretismo con el que se ha llevado a cabo esta negociación deja en evidencia la falta de transparencia y la sumisión del Gobierno de Sánchez ante las exigencias de un partido que ha hecho del chantaje su estrategia política. Durante más de un año, Moncloa ha resistido las presiones de Junts para cederle el control de la política migratoria, sabiendo que cualquier concesión en este ámbito podría ser utilizada como una herramienta para el separatismo. Sin embargo, ahora, en un giro oportunista, el Ejecutivo ha claudicado para garantizar la estabilidad de la legislatura.
El pacto, que aún no se ha hecho público en su totalidad, no solo concede la gestión de la inmigración a Cataluña, sino que además permite a los Mossos d'Esquadra asumir funciones en puertos y aeropuertos, hasta ahora exclusivas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esta medida, aunque desde el Govern se insista en que no implica el control de fronteras, debilita la autoridad del Estado y erosiona la igualdad entre comunidades autónomas.
Un Gobierno rehén del separatismo
Este acuerdo llega en un momento clave, justo después de que Junts retirara su amenaza de someter a Sánchez a una cuestión de confianza y tras el polémico pacto con ERC para la condonación de más de 17.000 millones de euros de deuda a Cataluña. No es casualidad. Cada vez que el Gobierno necesita apuntalar su mayoría en el Congreso, recurre a nuevas concesiones a los partidos independentistas, poniendo en juego la estructura del Estado con tal de asegurar su continuidad.
Junts, un partido que históricamente ha defendido posturas antiinmigración y que compite con la ultraderecha catalana de Aliança Catalana, obtiene con este pacto una herramienta que podría ser utilizada para endurecer las políticas migratorias en la región. Paradójicamente, Sánchez se apoya en un grupo que, según Podemos, tiene una agenda racista, a cambio de mantener a flote un gobierno en minoría.
La respuesta de la oposición: un rechazo unánime
Tanto el PP como Vox han reaccionado con contundencia ante esta cesión de competencias, alertando del peligro que supone para la unidad del país. Alberto Núñez Feijóo ha calificado el acuerdo como un “desmantelamiento del Estado” y una “humillación doble”, subrayando que la negociación se llevó a cabo en Bruselas con Carles Puigdemont, un prófugo de la justicia española. Por su parte, Vox ha advertido que esto representa un paso más hacia la independencia de facto de Cataluña y ha anunciado que tomará medidas para impedir su implementación.
Incluso dentro del bloque de la investidura, Podemos ha amenazado con bloquear la ley orgánica que permitiría esta cesión. Ione Belarra e Irene Montero han criticado duramente el pacto, señalando que su partido no será cómplice de una negociación con un grupo que busca endurecer la política migratoria. Podemos condiciona su apoyo a la aprobación de una iniciativa legislativa popular que regularizaría a medio millón de inmigrantes en situación irregular, una medida que Junts difícilmente respaldará.
Conclusión: Un pacto peligroso e irresponsable
La entrega de competencias en materia de inmigración a la Generalitat no solo es una muestra de debilidad del Gobierno, sino que supone un atentado contra la igualdad entre españoles y una amenaza a la seguridad del Estado. Con este acuerdo, Pedro Sánchez demuestra, una vez más, que su prioridad no es la gobernabilidad del país, sino su propia supervivencia política. Mientras el Ejecutivo sigue cediendo ante el chantaje separatista, España avanza hacia un modelo cada vez más fragmentado e ingobernable. La pregunta es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez para mantenerse en el poder?
.jpg)
Entradas
.jpg)
0 Comentarios