La empresa pública Emaya, con la complicidad del Ayuntamiento de Palma, en la actualidad gobernada por el Partido Popular, se ha convertido en el escenario de una auténtica caza de brujas contra quienes osan desafiar las decisiones de su dirección. Los despidos de dos miembros del Comité de Empresa, pertenecientes a la Unión Sindical de Trabajadores de Emaya Calidad Urbana (USTE), no solo son un ejemplo de prácticas antisindicales, sino también de una estrategia premeditada de reprimenda y silenciamiento.
La dirección de Emaya, encabezada por Lorenzo Morey, ha dejado claro que en su organización solo hay lugar para la sumisión: los críticos son perseguidos y despedidos, mientras que quienes se alinean con su política reciben ascensos y privilegios. Entendiendo que el Sr. Morey no está cualificado para desempeñar su cargo a la vista de todo esto, y por supuesto el adjunto a presidencia David Suñer, del Sindicato Sitemaya, que ha perseguido a los sindicalistas de USTE. Varias sentencias avalan esta afirmación. Se debería hacer una auditoría para evaluar sus estudios y formación, porque el PP de Palma tiene bien aprendido el arte del enchufismo.
La lista de atropellos no termina ahí. Otro empleado, sin vinculación sindical, ha sido víctima de represalias encubiertas: se le modificaron sus funciones, su salario y su horario tras una serie de discrepancias con la gestión de auditorías internas y la solicitud de imágenes de videovigilancia. El tribunal que analizó el caso lo dejó claro: se trató de un castigo encubierto, vulnerando sus derechos. La Justicia obligó a Emaya a indemnizarlo con 15.000 euros y a recolocarlo en su antiguo puesto. Pero la dirección de la empresa pública parece tener una política muy clara: deshacerse de quien no se pliegue a sus mandatos.
Recordando que el del Director General del Grupo Periódico de Baleares, Francisco José Castillo Navarro, sindicalista y miembro de la ejecutiva USTE, fue despedido, de la empresa municipal, por hacerse eco de la notica de OK Diario y de hojas informativos de los sindicatos USO y USTE, sobre las irregularidades en enchufar a directivos de Emaya sin pasar por ninguna oposición cobrando 90.000 euros. A día de hoy siguen tan felices cobrando su salario y riéndose de todos. Todo este avalado por la anterior dirección gobernada por socialistasPSOE-comunistasPodemosIU-Independentistas catalanesMES, la izquierda trasnochada, y por supuesto por el PP de Palma que gobierna ahora. ¿Cuándo despedirán a estos directivos que algunos no tienen ni estudios ni formación? Su único aval tener carnet de un partido político.
Lo que más indigna a la plantilla de Emaya es la impunidad con la que se maneja su dirección, gracias a la complicidad del Ayuntamiento de Palma. Mientras la Justicia ha anulado un despido y declarado improcedente otro, Emaya ha vuelto a despedir a los trabajadores afectados, en un intento descarado de burlar las resoluciones judiciales. Lo más grave es que este comportamiento temerario y antisindical será financiado por los ciudadanos de Palma, ya que los recursos legales de la empresa pública salen del erario.
La dirección de Emaya no escatima en métodos para perseguir a sus críticos. En un acto de dudosa legalidad, accedió a los mensajes de un grupo de WhatsApp de miembros de USTE, después de exigirle a una afiliada su móvil y su código PIN. La orden, emitida por Nuria Gallego, supuso el volcado de seis años de conversaciones privadas, utilizadas posteriormente como herramienta de represalia contra los sindicalistas. Como si de un espionaje corporativo se tratara, una abogada de la empresa pasó el mes de agosto revisando minuciosamente estos mensajes, informando directamente a la directora de Servicios Corporativos.
El acoso de la dirección de Emaya a USTE no se ha limitado a despidos ilegales y espionaje de conversaciones privadas. En noviembre del pasado año, el sindicato denunció ante la Inspección de Trabajo un episodio alarmante: un representante sindical habría sido encerrado en un despacho y presionado para orquestar un golpe interno en USTE. A cambio, se le prometió apoyo laboral y económico. Esta denuncia, sumamente grave, revela el nivel la presunta corrupción y abuso de poder en la cúpula de Emaya.
Frente a estas vulneraciones de derechos, el Ayuntamiento de Palma no solo ha mirado hacia otro lado, sino que ha respaldado activamente la cacería de sindicalistas. El teniente de alcalde de Medio Ambiente y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá, defendió en el pleno municipal la decisión de la empresa pública de no readmitir a los despedidos, a pesar de las sentencias judiciales. Bauzá alegó que los sindicalistas protagonizaron "hechos graves", en un intento desesperado de justificar la política represiva de la dirección de Emaya.
El único partido que se pronunció en contra de estas tropelías fue Vox, que presentó una moción para la readmisión de los trabajadores despedidos. Sin embargo, el resto de grupos municipales optaron por el silencio cómplice, ignorando las violaciones de derechos laborales en la empresa pública. Esta indiferencia política ha dejado a la plantilla de Emaya desprotegida y a merced de una dirección despótica y vengativa.
El aluvión de denuncias y procesos judiciales abiertos contra Emaya podría terminar por desmoronar los planes de la dirección. La Inspección de Trabajo sigue recopilando pruebas, y los tribunales han dado la razón a los trabajadores en más de una ocasión. Sin embargo, la estrategia de la empresa sigue siendo clara: recurrir, despedir de nuevo y desafiar la legalidad hasta sus últimas consecuencias.
Ya han llegado información a Europa de lo que esta sucediendo en esta empresa municipal, se dice esto, porque recibe subvenciones de la Unión Europea, quizás ya no lleguen más, y las irregularidades que haya, deberían pagarlas los políticos del anterior consistorio y el de ahora, pero de sus bolsillos y no de los ciudadanos.
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