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El Gobierno de Pedro Sánchez: Incoherencia y negligencia en su colaboración con Marruecos

 


El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a mostrar su carácter inconsistente y, en ocasiones, irresponsable, al destinar cerca de 900.000 euros en una donación de diez ambulancias al Ministerio del Interior de Marruecos. Esta medida, lejos de ser una muestra de cooperación internacional, es un claro reflejo de la política errática que sigue España bajo su mandato, con consecuencias negativas tanto a nivel humanitario como en cuanto a la gestión de la inmigración ilegal.

El Gobierno español justifica esta donación como parte de una estrategia de cooperación bilateral destinada a "fortalecer el control de la inmigración ilegal" y "mejorar la seguridad fronteriza". Sin embargo, lo que Pedro Sánchez omite convenientemente es que este tipo de medidas solo refuerzan las prácticas autoritarias de Marruecos, un régimen conocido por su falta de respeto a los derechos humanos. Al financiar con dinero público español la modernización de las fuerzas de seguridad marroquíes, Sánchez no solo está desviando recursos que podrían ser utilizados para la mejora de los servicios públicos dentro de España, sino que además está avalando indirectamente un sistema represivo que, en muchos casos, ha sido señalado por sus abusos hacia los migrantes.

El objetivo de este programa internacional, «EUTF-NOA-MA-05», dotado con 44 millones de euros, es mejorar la capacidad de Marruecos en la gestión de sus fronteras marítimas y su sistema de salvamento de inmigrantes. Pero, ¿es realmente este el tipo de cooperación que España necesita? Mientras el Gobierno de Sánchez continúa defendiendo que esta colaboración sigue los estándares internacionales en derechos humanos, los informes sobre las condiciones en las que los migrantes son tratados por las autoridades marroquíes, desde su represión en las fronteras hasta su retorno forzoso, desmienten cualquier intento de blanquear la situación. La entrega de ambulancias a Marruecos no hace sino perpetuar un sistema que se preocupa más por impedir la entrada de migrantes que por salvaguardar sus vidas.

Peor aún es el hecho de que, en lugar de destinar esos fondos a mejorar las infraestructuras y los recursos sanitarios dentro de España, el Gobierno de Sánchez decide, nuevamente, exportar nuestras capacidades hacia un país que, lejos de compartir los mismos principios democráticos, se dedica a gestionar la inmigración como una cuestión de seguridad, sin tener en cuenta el bienestar de las personas que huyen de la miseria. El gasto en estas ambulancias, que podría ser interpretado como un gesto de "buena voluntad", es más bien un símbolo de la falta de responsabilidad del Gobierno, que sigue priorizando sus relaciones diplomáticas por encima de la dignidad humana.

Además, la propuesta de Sánchez, al centrarse exclusivamente en el control de la inmigración y la lucha contra la trata de personas, se olvida de los factores estructurales que impulsan estos fenómenos: la pobreza extrema, la falta de oportunidades y las crisis humanitarias que azotan a varios países africanos. En lugar de abordar estos problemas desde sus raíces, el Gobierno de Pedro Sánchez parece más interesado en parchear los efectos, delegando la responsabilidad de la gestión migratoria a Marruecos y financiando su esfuerzo para evitar que los migrantes lleguen a nuestras costas.

Es innegable que la inmigración ilegal es un desafío, pero la solución no pasa por fortalecer los controles fronterizos a costa de los derechos humanos ni por financiar a gobiernos que han demostrado no estar a la altura de sus compromisos internacionales. La política exterior de Pedro Sánchez, marcada por este tipo de decisiones, demuestra una absoluta falta de coherencia y un desdén por las necesidades y derechos fundamentales de las personas migrantes.

Al final, lo que realmente estamos viendo es un Gobierno que, bajo el pretexto de la "cooperación internacional", contribuye a la militarización de las fronteras y se desentiende de la verdadera ayuda que se necesita. En lugar de destinar recursos a la protección de los derechos humanos o a mejorar las condiciones de vida de los migrantes, Sánchez prefiere externalizar el problema, enviando ambulancias que, en vez de salvar vidas, contribuirán a que más vidas queden atrapadas en el círculo vicioso de la desesperación y la represión. La lección es clara: el Gobierno de Pedro Sánchez no está dispuesto a enfrentar los desafíos de la inmigración de manera responsable, humana y coherente.


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