Este proyecto responde a una demanda histórica y amplía los servicios disponibles para personas con trastornos de salud mental
La Fundación Es Garrover, el Ayuntamiento de Inca, la Fundación “La Caixa” y Auren han inaugurado una vivienda destinada al Servicio de Domicilio Compartido, un recurso que busca mejorar la calidad de vida de personas con trastornos de salud mental. Esta iniciativa responde a la problemática del acceso a la vivienda de este colectivo, agravada por el estigma y las barreras sociales.
El Ayuntamiento de Inca cedió un piso de 76 m² y tres habitaciones, que ha sido reformado y equipado por Es Garrover con una inversión de 100.000 euros. Fundación “La Caixa” aportó 29.420 euros y Auren contribuyó con 10.775 euros para completar el proyecto. Se prevé que en 2025 sea concertado con la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales.
Un paso adelante en inclusión y derechos
Gori Molina, gerente de Es Garrover, subrayó que este servicio representa un avance en la lucha contra el doble estigma que enfrenta este colectivo. “El estigma cierra puertas, pero hoy las abrimos con colaboración y compromiso, protegiendo derechos con servicios innovadores”, afirmó.
El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, destacó el carácter inclusivo de la ciudad: “Con esta iniciativa, seguimos avanzando hacia una Inca más justa, reforzando nuestro compromiso con la inclusión y la salud mental”.
Petra Sunyer, socia de Auren, enfatizó el impacto social del proyecto: “Garantizar el acceso a una vivienda digna para este colectivo es una forma de transformar principios en acciones concretas”.
Entre otros asistentes, estuvieron presentes Marta Llompart de Fundación “La Caixa” y Joana Maria Gelabert de CaixaBank, junto con representantes de Es Garrover y el Ayuntamiento de Inca.
Especial vulnerabilidad en el acceso a la vivienda
El colectivo con trastornos graves de salud mental enfrenta grandes obstáculos para acceder a un hogar. Según la Confederación Española de Salud Mental, 8 de cada 10 personas con un trastorno de salud mental no encuentran empleo, y la mitad de las personas atendidas por la Federación de Salud Mental de Mallorca viven con menos de 800 euros al mes.
En este contexto, el Servicio de Vivienda Supervisada, que atiende actualmente a 50 personas, resulta insuficiente ante una demanda que supera las 260 solicitudes en Mallorca. Gori Molina destacó que es esencial que las administraciones aumenten las plazas tanto de viviendas supervisadas como de iniciativas como el Servicio de Domicilio Compartido para garantizar el derecho a la vivienda y condiciones de vida dignas.
Este proyecto representa un paso firme hacia una sociedad más inclusiva, ofreciendo soluciones reales a un problema que afecta a uno de los colectivos más vulnerables.
✍ Redacción
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