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Editado por AMC Digitales/Grupo Periódico de Baleares/Palma de Mallorca/Islas Baleares/España/2024

La traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que se posee siendo dueño de una conciencia honrada y pura. Vicente Espinel (1550-1624) Escritor español.

Detenidas cinco personas por explotación laboral, falsedad y favorecimiento de inmigración ilegal en Mallorca


La Policía Nacional ha desarticulado a una organización criminal dedicada a la explotación de trabajadores en situación irregular con la detención de cinco personas como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el Grupo I de Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF) de la Jefatura Superior de Baleares ha llevado a cabo la fase operativa de una investigación iniciada el pasado mes de julio, desarticulando una organización criminal dedicada a la explotación de trabajadores en situación irregular a través de una empresa.

La empresa contaba con más de 100 trabajadores simultáneamente, llegando a superar los 185 empleados durante los más de dos años de existencia, siendo la empresa con mayor número de trabajadores irregulares detectada en la historia de Baleares.

La investigación ha permitido la detención de un total de cinco personas miembros de la organización criminal y la detección de más de 180 víctimas de explotación laboral.

Además, se han obtenido indicios de un posible delito de blanqueo de capitales por parte del líder de la organización y en el caso de otros miembros de esta, a los que se les acusa como presuntos autores de un delito de intrusismo profesional, ya que se hacían pasar por fisioterapeutas realizando sesiones de rehabilitación a personas de edad avanzada sin tener la correspondiente titulación, poniendo en grave riesgo la salud de estas personas.

Empresa ficticia

La organización criminal había creado una empresa ficticia que habían dotado de una imagen de legitimidad con folletos, publicidad y tablas de servicios. Hasta tal punto habían conseguido dar una impresión de legitimidad que eran recomendados por trabajadores sociales de ayuntamientos y hospitales públicos de la isla, consiguiendo engañar a los funcionarios de dichos organismos.

Haciendo uso de la empresa ficticia ofertaban servicios de cuidado a personas dependientes, empleadas del hogar o servicios de limpieza. Estos trabajos eran desempeñados por ciudadanos extranjeros en situación irregular, mayormente mujeres, que debido a su vulnerabilidad accedían a trabajar en condiciones de explotación.

La mayoría de las trabajadoras eran contratadas como internas, trabajando más de seis días a la semana, sin respetar los periodos de descanso, sin cobertura sanitaria o seguro de accidentes, y sin derecho a vacaciones. En algunos casos, se les otorgaba un salario muy inferior al mínimo legal.

El principal encartado demostró tal desprecio hacia los derechos de las trabajadoras que les tramitaba un seguro sanitario falso con una conocida aseguradora, entregándoles tarjetas sanitarias que en realidad no tenían validez al no haber abonado las cuotas.

Modus operandi

La operación se ha desarrollado en dos fases, iniciándose con la detección de un delito de falsedad documental cuando una de las trabajadoras presentó un certificado falso de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social para la tramitación de un permiso de residencia.

Posteriormente, se identificó al principal responsable de la organización, así como a otras personas que colaboraban en la trama criminal controlando a las trabajadoras y realizando tareas administrativas de la empresa.

El principal encartado tenía a su nombre 25 cuentas bancarias en 13 bancos diferentes y utilizaba entidades de transferencia de divisas para el movimiento del dinero. Según las investigaciones, la organización ingresaba aproximadamente 200.000 euros mensuales, acumulando más de seis millones de euros durante su actividad.

El pasado 20 de noviembre, la Policía Nacional realizó dos registros domiciliarios en colaboración con la Autoridad Judicial, incautando gran cantidad de documentación, equipos informáticos y terminales móviles. A falta del análisis completo, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

 Global Castillo

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