En una reciente muestra de su conocida retórica antiempresarial, Podemos ha vuelto a hacer uso de la tragedia que ha dejado la DANA en el sudeste español para arremeter contra el sector privado. Sin siquiera esperar a que el gobierno termine de movilizar las ayudas necesarias para la recuperación un paquete de 10.600 millones de euros recién anunciado por el presidente Pedro Sánchez la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acusó públicamente a compañías como Mercadona, Inditex, Ikea y Coca-Cola de actuar con “conducta criminal” por mantener a sus trabajadores activos durante el temporal.
Lo que a simple vista parece un reclamo por condiciones de seguridad laboral, se convierte rápidamente en una cruzada ideológica que va mucho más allá de los hechos. Podemos ha decidido criminalizar a estas empresas, presentándolas como “enemigos públicos” en un momento de crisis. Esto responde a un patrón repetitivo en su estrategia: aprovechar situaciones de vulnerabilidad para politizar y polarizar la opinión pública, imponiendo su agenda de confrontación con el sector privado.
Manipulación de la tragedia para alimentar la narrativa
La gravedad de acusaciones como las de Belarra, que apelan a la “responsabilidad política” de denunciar públicamente a empresas bajo el calificativo de “criminales”, esconde una intención que no tiene nada que ver con la protección de los trabajadores o con las ayudas a las personas afectadas. En su lugar, Podemos pretende consolidar su discurso de “escudo social”, proponiendo que las ayudas se financien mediante multas y sanciones contra estas empresas, sin importar las inversiones, los puestos de trabajo que generan, o las contribuciones fiscales que realizan en el país.
Falta de perspectiva y análisis de contexto
La insistencia de Podemos en apuntar con el dedo a las empresas en medio de una crisis natural refleja una falta de perspectiva, además de una retórica simplista. En lugar de reconocer la colaboración de empresas en tareas de recuperación o su rol como agentes clave en la economía local y nacional, Podemos aprovecha esta oportunidad para imponer su narrativa sin evaluar el contexto o considerar los efectos de sus propuestas en la economía.
Es posible que, en muchos casos, las empresas hayan tomado decisiones complejas con el objetivo de garantizar servicios esenciales o reducir el impacto económico en la región. Sin embargo, el discurso de Podemos rehúye estos matices, eligiendo el camino fácil de la demagogia y la polarización.
Expropiación de propiedades privadas: ¿una política razonable o abuso de poder?
Pero Podemos no solo se detiene en las empresas, sino que también pone en su punto de mira a los propietarios de alojamientos turísticos en las áreas afectadas. Su propuesta de expropiar inmuebles para destinarse a personas que han quedado sin hogar es, cuanto menos, una idea con un fondo cuestionable. Sin aclarar ni evaluar las consecuencias legales y económicas de una medida de esta envergadura, el partido abre la puerta a una política de intervencionismo agresivo, que erosiona la seguridad jurídica y agrava el temor a la inseguridad de la propiedad en España.
Efectos reales en la economía y el empleo
Esta estrategia de demonización empresarial no es nueva en el discurso de Podemos, que ha mantenido históricamente una visión anticapitalista, desdeñando el rol de las empresas en el crecimiento y desarrollo de la sociedad. Las acusaciones de Belarra, lejos de ser una “cuestión de responsabilidad política”, son una muestra de irresponsabilidad y de una postura ideológica que coloca sus propios intereses por encima de la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos.
En una economía que depende en gran medida del turismo, el comercio y los servicios, Podemos ignora el impacto directo que estas empresas tienen en el empleo y la calidad de vida de miles de familias. La insistencia en imponer multas, sanciones y expropiaciones crea un clima de inestabilidad que amenaza con ahuyentar inversiones y dificultar la recuperación económica de las zonas afectadas.
Un enfoque más constructivo y menos divisivo
En momentos de crisis, los gobiernos tienen la responsabilidad de actuar de forma unida y de trabajar con todos los sectores, públicos y privados, para salir adelante. La politización de Podemos y su deseo de polarizar la narrativa en torno a “culpables” y “víctimas” es una respuesta contraproducente que, lejos de ayudar, entorpece los esfuerzos de recuperación.
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