La gestión de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma (Emaya) ha generado en los últimos años una intensa polémica, marcada por un profundo conflicto judicial y sindical que afecta directamente a la dirección y gestión pública de esta entidad en Palma. El núcleo de la controversia radica en una serie de acusaciones de acoso sindical hacia la anterior dirección socialista, además de despidos irregulares de trabajadores que ocupaban puestos de representación sindical en la empresa. Este conflicto ha desembocado en tres sentencias judiciales que condenan la actuación de la compañía y que representan un coste económico considerable para las arcas municipales, el cual ya ha superado los 370.000 euros en indemnizaciones y salarios de tramitación.
Sentencias y costes judiciales acumulados
Las sentencias emitidas por los tribunales son explícitas en sus conclusiones: la empresa Emaya está obligada a reintegrar a los tres trabajadores sindicalistas despedidos de la central sindical USTE, cuyos contratos fueron rescindidos de manera irregular. La decisión de despido, que según las resoluciones fue realizada debido a su actividad sindical, se ha convertido en un problema legal y financiero para la empresa pública, especialmente ahora que la nueva administración, encabezada por el concejal del Partido Popular (PP) Llorenç Bauzá, ha optado por no readmitir a estos empleados. En lugar de ello, Emaya continúa interponiendo recursos, lo cual solo incrementa los costes derivados de las sentencias, que hasta la fecha han alcanzado un total de 340.000 euros de fondos públicos.
La polémica de los directivos y la continuidad en sus cargos
Una cuestión especialmente controvertida es la decisión de mantener en sus puestos a los directores generales nombrados por la anterior administración socialista, a pesar de las múltiples acusaciones de acoso sindical. Bajo su gestión, la limpieza de Palma se vio gravemente afectada, como lo reflejan varios informes, entre ellos el de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha catalogado a Palma como una de las ciudades más sucias de España. Aun con este historial, la administración actual del PP ha optado por preservar a los responsables de dicha gestión, una decisión que ha suscitado fuertes críticas tanto desde la oposición como desde los sindicatos.
La moción de Vox y el conflicto político en el Ayuntamiento
Ante esta situación, el grupo municipal de Vox ha tomado la iniciativa de presentar una propuesta en el pleno del próximo miércoles 13 de noviembre, instando al equipo de gobierno del PP a cumplir con las sentencias judiciales y a readmitir a los sindicalistas despedidos, además de exigir el cese de los actuales directores. La moción incluye una reprobación tanto para el presidente de Emaya como para su gerente por su decisión de no cumplir con los fallos judiciales, y reclama la destitución del director de Calidad Urbana y de la directora de Servicios Corporativos. El conflicto se ha trasladado así al ámbito político, donde Vox ha enarbolado la bandera de transparencia y cumplimiento de la ley en la gestión pública de Emaya.
El Reglamento de Funcionamiento Directivo y las denuncias de los sindicatos
El conflicto también abarca el intento por parte de la dirección de Emaya de incorporar un Reglamento de Funcionamiento del Equipo Directivo al Convenio Colectivo de Calidad Urbana, lo que sindicatos como USTE consideraron una maniobra para blindar a los directores frente a cualquier cambio político. De acuerdo con declaraciones de representantes de USTE, la dirección de Emaya buscaba imponer dicho reglamento para otorgar protección laboral a los directivos, sin considerar las garantías de estabilidad laboral para los más de 300 empleados de la plantilla, quienes deben pasar por un proceso de estabilización al final de 2024. Este reglamento fue finalmente rechazado por USTE, que solicitó que la dirección destinara sus esfuerzos a asegurar la permanencia de estos empleados en lugar de centrarse en proteger a los altos cargos.
No obstante, el conflicto escaló con la presentación de una denuncia por parte del equipo directivo de Emaya ante la Fiscalía, acusando a varios sindicalistas de coacciones y de revelar datos salariales confidenciales. Sin embargo, el Ministerio Fiscal determinó que la conducta sindical de los acusados se enmarca dentro de la actividad sindical legítima y no encontró intención hostil en las acciones de estos trabajadores. Según el Ministerio, las actividades podrían ser interpretadas como una protección de los derechos laborales en un marco de conflicto entre la dirección y los sindicatos.
Intimidación y presión a representantes sindicales
Además de las disputas judiciales y políticas, existen testimonios de supuestos episodios de intimidación dirigidos hacia miembros de USTE. En un pleno del Ayuntamiento, representantes sindicales denunciaron haber sido presionados e intimidados en una reunión privada convocada por la Directora de Servicios Corporativos de Emaya. Según los testimonios, esta directora habría informado a los sindicalistas sobre la existencia de una investigación interna y les advirtió que, al igual que otros miembros de la Ejecutiva del sindicato, podrían enfrentar consecuencias legales. La reunión se desarrolló en un contexto que los sindicalistas describen como hostil, en un despacho cerrado y durante una conversación que duró más de una hora, en la que se les advirtió de posibles sanciones y despidos.
Estos hechos llevaron a varios sindicalistas a presentar una denuncia ante la Consellería de Trabajo y Salud Laboral y posteriormente elevar sus quejas ante la Inspección de Trabajo, señalando acoso laboral y coacciones en el ambiente de trabajo. La denuncia fue respaldada con documentos en los que los afectados detallaron las presiones y amenazas recibidas, así como la hostilidad mostrada por la dirección de Emaya hacia sus actividades sindicales.
En concreto según fuentes del sindicato USTE esto es lo aconteció:
El 16 de junio de 2022 se reunió la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Calidad Urbana de EMAYA con el objetivo de anexar al Convenio Colectivo un "Reglamento de funcionamiento del Equipo Directivo de EMAYA". El objetivo era dotarlo de fuerza de ley, impulsado por la Dirección de Servicios Corporativos, y que debería entrar en vigor antes de las elecciones municipales para prevenir posibles cambios políticos en Cort.
El sindicato USTE solicitó a la empresa que retirara este punto del orden del día de la mesa negociadora, argumentando que representaba un claro blindaje de los directores. Además, manifestó que la intención de la empresa era vejatoria y humillante, ya que en las tablas salariales aparecía el salario de los directores, cifrado en 93.000 euros.
USTE solicitó que se utilizara ese mecanismo de blindaje para garantizar los puestos de trabajo de los más de 300 trabajadores que deben pasar por un proceso de estabilización a finales de 2024, en beneficio de ellos y sus familias. El Sindicato USTE y USO no firmaron ese acuerdo.
Dos meses después, en agosto de 2022, los integrantes del equipo directivo presentaron una denuncia en grupo ante la Fiscalía por presuntas coacciones, acoso y por la revelación del salario de los directores.
El 27 de noviembre de 2023, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, en un procedimiento de diligencias previas del Juzgado de Instrucción n.º 10 de Palma de Mallorca, con el Ministerio Fiscal evacuando el traslado conferido, dictaminó que las actuaciones de los investigados, aunque puedan considerarse hostiles, entran dentro del ámbito de la actividad sindical. Además, determinó que los investigados son simples trabajadores de la empresa, sin posición superior respecto a los denunciantes. Por todo ello, se concluyó que el ánimo de los investigados era el de cumplir sus funciones sindicales en defensa de los trabajadores, sin que hubiera quedado acreditado que su actuación se debiera a motivaciones personales contra los denunciantes, por lo que se recomendó el archivo de la causa.
Meses después, la Directora de Servicios Corporativos convocó en su despacho a tres representantes del sindicato USTE, mediando el jefe de sector, conocido en la empresa como el "gitano". Durante una reunión de hora y media, y cerrando el despacho con llave, les comunicó:
- "Hay una investigación abierta contra el Sindicato y tenemos reclutados a 8 directores y algunos más que han puesto una denuncia en la Fiscalía."
- "Los miembros de la Ejecutiva sois siete, os tenemos controlados con toda la documentación. Se va a despedir a los tres que estáis en la mesa negociadora estos días."
- "Todos sois responsables solidarios y pagaréis con vuestro patrimonio personal y familiar. Vuestras mujeres, primero os llamarán como testigos y luego como imputados."
A uno de ellos se le ofreció ayuda económica y laboral de la empresa si lideraba un golpe de Estado en el Sindicato y, bajo la amenaza de despido, se le advirtió que le tenían controlado trabajando como taxista. Este trabajador compareció en el pleno del ayuntamiento pidiendo la no readmisión de dos compañeros despedidos, quienes contaban con sentencia judicial favorable. Los otros dos miembros del Sindicato estuvieron de baja laboral durante 8 meses debido a hostigamiento, presión sindical tendenciosa, coacciones y amenazas, y presentaron denuncia ante la Conselleria de Trabajo y Salud Laboral y recientemente ante la Inspección de Trabajo.
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