La reciente gestión de la crisis provocada por la DANA en Valencia, que causó el mayor desastre humano y material en España en lo que va del siglo, ha suscitado importantes cuestionamientos legales y será sin duda objeto de análisis en los tribunales. A través de filtraciones y declaraciones, se han evidenciado errores en la gestión autonómica por parte de la Generalitat y en la estrategia política del Gobierno central, cada uno intentando evadir la responsabilidad.
El rol de la Generalitat y el Gobierno Central
El desastre en Valencia trajo a la superficie la falta de coordinación y un supuesto cálculo político en el Gobierno central. Según la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, en casos de emergencia de gran magnitud, el nivel de alerta y la gestión deben ser asumidos por el Gobierno central si se declara de interés nacional. En este caso, la Generalitat no elevó el nivel de alerta, lo cual podría haber facilitado la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Sin embargo, como establece el artículo 29 de esta ley, la declaración de emergencia de interés nacional es competencia del Ministerio del Interior, ya sea por iniciativa propia o por solicitud de las Comunidades Autónomas o del delegado del Gobierno en la región.
Declaración del General Javier Marcos y la Limitación en la Actuación de la UME
El teniente general Javier Marcos, líder de la UME, explicó que, aunque su unidad estaba preparada para actuar, la ley de Defensa Nacional requiere una autorización formal de la autoridad autonómica para el despliegue, salvo en casos de nivel 3, donde la gestión pasa al Gobierno central. Sus declaraciones, que responsabilizan directamente a la Generalitat de la falta de un despliegue más amplio, causaron incomodidad en las Fuerzas Armadas y críticas de algunos mandos militares que argumentan que la situación justificaba una intervención más extensa y temprana de las fuerzas.
Interpretación Legal y Cumplimiento de la Ley
La Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional en su artículo 15 establece la responsabilidad de las Fuerzas Armadas de actuar en situaciones de riesgo extremo, un mandato que no requiere de un nivel específico de alerta en desastres naturales. Las Fuerzas Armadas tienen el deber de preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos, lo cual sugiere que, aun sin solicitud de la Generalitat, existían razones suficientes para un despliegue proactivo. El Ministerio de Defensa tenía pleno conocimiento de la magnitud del desastre y podría haber actuado en consecuencia, independientemente de los formalismos legales.
Responsabilidades Políticas y Legales
El debate sobre si fue suficiente el despliegue inicial de 1,200 efectivos de la UME refleja una problemática legal de interpretación de la autonomía en el mando en situaciones de emergencia. Además, la ausencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en las reuniones del comité de crisis evidencia la falta de coordinación y el posible interés político en evitar mayores implicaciones para los altos cargos del Gobierno.
En cuanto a las responsabilidades de la Generalitat y del Gobierno central, es claro que ambas administraciones compartían competencias, y la falta de solicitud de la Generalitat para elevar el nivel de alerta se perfila como un error de bulto. Pero la inacción del Gobierno central y del Ministerio del Interior tampoco tiene justificación legal, ya que contaban con la facultad de actuar sin requerimiento expreso de la Generalitat.
Conclusión
La crisis de la DANA en Valencia es un caso que ilustra la intersección entre competencias autonómicas y estatales y plantea interrogantes legales y éticos sobre la gestión de emergencias. La normativa vigente, que incluye tanto la Ley 17/2015 de Protección Civil como la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional, proporciona un marco claro que, sin embargo, no fue aplicado de manera eficiente. La responsabilidad legal no recae únicamente en una administración u otra, sino que resulta de la inacción y falta de coordinación entre ambas.
La mala gestión no sólo deja una estela de daños irreparables, sino que también afectará la reputación de las Fuerzas Armadas y de los líderes políticos implicados. Los tribunales tendrán la última palabra sobre las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse, pero el presente análisis apunta a la necesidad urgente de revisar y clarificar los protocolos de actuación en situaciones de emergencia nacional para evitar futuros desastres de gestión.
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