La principal objeción de la CEOE y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) se centra en el impacto que tendría una medida de este tipo sobre el sistema de negociación colectiva. Según argumentan, la regulación de aspectos como la duración de la jornada es competencia de los convenios colectivos, que se acuerdan de manera bilateral y respetan las características específicas de cada sector y empresa. La imposición de una norma general, en su opinión, supone una intromisión en la autonomía de esta negociación, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución Española, y podría debilitar el marco de diálogo que ha sostenido la paz social en el país durante las últimas cuatro décadas.
Riesgos para PYMES y Autónomos
Las organizaciones empresariales advierten que una reducción legal de la jornada laboral supondría una reorganización forzada para muchas empresas, especialmente para pequeñas y medianas empresas (PYMES) y autónomos. La adaptación a esta medida podría poner al límite su capacidad de organización interna, afectando su viabilidad y su capacidad de supervivencia en un contexto ya marcado por retos económicos.
Además, CEOE y CEPYME señalan que la estructura productiva española, compuesta en más del 98% por PYMES y autónomos, difícilmente podría beneficiarse de esta medida en términos de productividad. Consideran que, en sectores clave para el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, como el turismo y los servicios, una reducción de jornada no necesariamente se traduce en mejoras productivas, dado que la naturaleza de estos sectores demanda horas de trabajo estables para satisfacer a los clientes.
Falta de adaptación a la realidad del tejido productivo
Desde las organizaciones empresariales también se pone en cuestión la validez de una medida generalizada, argumentando que no tiene en cuenta las profundas diferencias entre los sectores económicos y entre las distintas comunidades autónomas. La CEOE y CEPYME insisten en que esta diversidad sectorial hace poco viable una solución homogénea, ya que cada sector y región enfrenta desafíos y realidades productivas distintas.
En conclusión, la CEOE y CEPYME han manifestado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Trabajo, defendiendo que cualquier cambio en la jornada laboral debería gestionarse mediante la negociación colectiva, un proceso que permite a los actores involucrados adaptar las condiciones laborales a las necesidades y posibilidades de cada sector y empresa. De no respetarse este marco de diálogo, advierten, se corre el riesgo de debilitar la estabilidad y la paz social que han caracterizado el ámbito laboral en España en los últimos 40 años.
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