Las famosas cartas que ha enviado Emaya a 158 trabajadores, diciéndoles que a partir del 15 de octubre del presente año no cuentan con ellos, la mayoría son los llamados Indefinidos Fijos discontinuos, con una repercusión negativa en el criticado mal estado de salubridad de las calles de Palma.

El Ayuntamiento que preside el alcalde socialista José Hila, prescinde de estos operarios de la limpieza pese a las quejas continuadas de vecinos y comerciantes por el pésimo estado de mantenimiento de la ciudad, la quinta más sucia de España, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La más que cuestionada gestión realizada en estos tres años de legislatura que lleva al frente de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) por el concejal socialista de Medio Ambiente, Ramon Perpinyà, en materia de personal en el área de recogida y limpieza por falta de recursos humanos de base a pie de calle, no ha impedido que la compañía haya engordado la lista de altos cargos y directivos, habiendo incluso tenido que habilitar más despachos en la sede central de Son Pacs.

Dos subjefes de servicio de recogida y limpieza cuya finalidad se desconoce en una compañía con jefes, subjefes y ayudante de jefe, todos en sus despachos, mientras las calles se quedan sin barrer por falta de operarios. Aunque en años anteriores, una vez acabada la temporada turística, la empresa también iba dando de baja al personal temporal contratado durante los meses de verano, la medida afectaba a la mitad de los que este inminente otoño tendrán que abandonar su puesto de trabajo.

A los 158 que saldrán este mes de octubre, hay que agregar que la plantilla de recogida y limpieza de Emaya cuenta también con jubilados parciales que trabajan de forma intermitente, y un alto índice de absentismo laboral, superior al 11% por lo que, en estos momentos ya hay calles en barrios como Son Gotleu, Pere Garau, Rafal que se dejan de barrer.

Con una plantilla de limpieza que se quedará, por tanto, bajo mínimos en las próximas semanas, la consecuencia para el resto es que aumentará la sobrecarga de trabajo y, con ello, las bajas laborales, que los sindicatos achacan al sobreesfuerzo que están obligados a soportar por una más que discutida gestión de los recursos humanos de la compañía.

Un alto cargo aseguró que en el Ayuntamiento de Palma, donde gobierna una coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos con el alcalde José Hila al frente, opinan que «los trabajadores de Emaya son muy caros por lo que hay que reducir plantilla», tal y como denunciaron posteriormente en redes sociales algunos de los presentes, provocando la indignación de la plantilla de trabajadores de base.

En concreto, ha sido el máximo responsable de los servicios jurídicos de la empresa con un sueldo de 93.000 euros anuales, así lo manifestó durante la reunión de la mesa negociadora para la estabilización del personal de la empresa que no es fijo, en torno a 500 trabajadores.

Ante esta situación, los sindicatos USTE y USO se han negado a aprobar las bases de los procesos de estabilización porque «queremos que sean sometidas a una asamblea de trabajadores y tener el mismo blindaje que los directores para estabilizarse como fijos de plantilla», señalaban.

Y recordaban a los cinco altos cargos socialistas que se han blindado de por vida en la compañía. Unos directivos a los que Emaya les tendrá que pagar cuantiosas indemnizaciones en caso de que haya un relevo en la dirección política de esta empresa municipal tras las elecciones municipales del próximo mes de mayo y quiera prescindir de sus servicios.

USTE: «Esperamos que el resto de sindicatos», apuntaba la central citando a Sitemaya, CCOO, UGT y CSIF (que llevan las riendas de un comité de empresa afín a la dirección), «nos apoyen dejando de ser garantía sindical del caradurismo de estos millonarios que viven muy bien a costa de todos nosotros», lamentaban desde el sindicato más votado en esta compañía municipal.

Una forma de proceder bastante habitual en estos tres años de la presente legislatura donde incluso la dirección de Emaya y estos sindicatos afines han sido condenados por acoso sindical contra estas dos centrales discrepantes antes citadas.

Los 158 trabajadores, viven en un estado de nerviosismo continuado, no saben que pasara con su futuro, el proceso de estabilización no pinta nada bien, la mayoría son padres y madres de familia, que ya tienen una edad y saben que será complicado encontrar otro trabajo, la pregunta quien mira por estas personas, el Ayuntamiento de Palma, parece que solo esta preocupado por blindar a su allegados, triste pero cierto.

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