El sindicato ATAP lucha por la injusticia cometida por el Ayuntamiento de Palma, por el despido de trabajadores del consistorio
El sindicato ATAP se ha concentrado y ha intervenido en el Pleno de Cort celebrado ayer para denunciar y solicitar la revocación de los ceses realizados este lunes a 9 trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Palma con una antigüedad de hasta 21 años por no haber superado el proceso selectivo ordinario de concurso-oposición, procedimiento selectivo inadecuado, que ya accedieron al sector público respetando la normativa de acceso y debería aplicarse es una regularización extraordinaria de oficio, esta situación fraudulenta de temporalidad por cauces excepcionales al ser la Administración, la que ha generado este abuso ilícito de temporalidad y las consecuencias negativas de esta infracción no puede recaer sobre los trabajadores, que no han tenido la oportunidad legal de estabilizar sus puestos de trabajo año tras año cómo exige la normativa.
Han recordado en las intervención que la mayoría de estas trabajadoras tienen
interpuesta reclamación judicial de estabilidad por estar en abuso de temporalidad
durante décadas, sin que haya sentencia firme. Quién ha incumplido sistemáticamente la norma de acceso al empleo público ha sido el Ayuntamiento no publicando oferta pública durante décadas a pesar de tener la obligación de hacerlo cada año, y perjudicando con este hecho a los trabajadores públicos temporales que no han tenido la oportunidad legal de estabilizar su situación jurídica fraudulenta, y lo único que han conseguido es condenar a la eterna precariedad hasta que decida la Administración convocar los procesos selectivos, cosa que lo ha hecho 15 años después de lo legalmente establecido incumpliendo la misma norma que dicen ahora aplicar.
Los perfiles de las trabajadoras que han cesado son mujeres, mayores de 45 años con experiencia en su puesto de trabajo con una media de 14 años de antigüedad, condenándolas a un riesgo de exclusión laboral por sus edades y sus perfiles especializados como trabajadoras sociales en el sector público. Que en el momento del COVID-19 fueron personal esencial y sacaron los servicios públicos adelante, sufriendo mayor carga laboral y agradeciéndoles el Ayuntamiento su servicio y dedicación con OPOSICIONES ILEGALES, encubriendo un ERE ilegal y gratuito, para
mantener su trabajo que llevaban décadas realizando en PRECARIO y de manera ILÍCITA por el mal funcionamiento de la Administración, al infringir la LEY (TREBEP) de no convocar anualmente la oferta pública que exige la ley mencionada.
Los trabajadores no quieren medallas ni honores cómo hizo hace unos meses el Alcalde a estas trabajadoras, reconociendo su labor pública impecable. Lo que quieren es no ser temporales.
Han reprochado a Més per Palma y a Podemos su complicidad con estos ceses
ilegales, pidiendo que medien para revocar esta situación y readmitan a estas
trabajadoras.
Solicitando a todas las fuerzas políticas representadas en el Pleno que comprendan y empaticen con los trabajadores afectados y dejen de ver el problema cómo lejano y cómo una dificultad jurídica nacional y lo perciban como lo que es, un drama humano que afecta a cientos de familias de este consistorio (cerca del 40% tasa temporalidad) y que comprendan que cada persona importa, que no son plazas lo que está en juego sino personas que pierden su trabajo, sino el abuso se realiza y se padece hacia las personas que ocupan esas plazas, insistiendo que están ocupadas de manera fraudulenta en abuso de la contratación temporal durante décadas, que no ha generado el trabajador sino el propio Ayuntamiento.
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