El sindicato ATAP en el AYUNTAMIENTO DE PALMA ha interpuesto una demanda de impugnación a la OFERTA EXTRAORDINARIA de la tasa adicional de estabilización para el personal público

El sindicato ATAP en el AYUNTAMIENTO DE PALMA ha interpuesto una demanda de impugnación a la OFERTA EXTRAORDINARIA de la tasa adicional de estabilización para el personal público del Ayuntamiento de Palma contra el abuso de la temporalidad y la falta de estabilidad laboral de cientos de trabajadores temporales en fraude de ley. 

La fecha de la interposición demanda: 27/7/2022

Han denunciado la insuficiencia de plazas extraordinarias ofertadas para estabilizar los trabajadores públicos interinos por interpretar de manera errónea los criterios de estabilización de la ley 20/2021 (art. 2 y DA 6ª y 8ª), que ha nacido para estabilizar las máximas plazas en ABUSO posibles, y el AYUNTAMIENTO DE PALMA, interpreta restringidamente la ley y no contabiliza TODAS las plazas posibles para estabilizar a TODOS los trabajadores públicos temporales en ABUSO de la temporalidad que durante décadas han sufrido por culpa de políticas de recortes, el mal funcionamiento de la Administración Pública, y del abuso que la Administración ha realizado durante décadas de la contratación temporal e ilegal y tendrá la consecuencia del despido de trabajadores temporales en fraude de ley pierdan su trabajo después de décadas ocupándolas de manera ilegal. 

Todas las instituciones de Baleares, bajo el paraguas del Decreto de Govern para la estabilización de empleados públicos que denuncian dice el sindicato que es una FARSA porque no cumple con las sentencias del TJUE en cuanto a SANCIONAR el ABUSO cometido por las Administraciones Públicas a los trabajadores temporales, y no puntúa la experiencia profesional en su totalidad, con la complicidad de los sindicatos tradicionales que solo se han preocupado de aprobarlo para utilizarlo como una promoción interna encubierta y NO cómo una ESTABILIZACIÓN REAL al colectivo en FRAUDE DE LEY. 

Este proceso selectivo de “Estabilización extraordinaria” incumpliría la Directiva europea 1999/70, como además su jurisprudencia. 

Estos procesos se habrían convertido en “ERES ENCUBIERTOS” que todo vale y para todos los trabajadores públicos, incluidos para los que ya son fijos. Cómo dijo el secretario general de UGT en Baleares: “Este proceso extraordinario tiene que ser un café para TODOS”. 

«Es indignante que se apruebe una ley extraordinaria para SOLUCIONAR el ABUSO de TEMPORALIDAD en el sector público y trasponer la Directiva europea, y se utilice para estabilizar a trabajadores que NO están en ABUSO, sino que lo hagan para promocionar internamente a trabajadores que no están en ABUSO cómo está sucediendo, especialmente en las Empresas Públicas y Organismos Autónomos dependientes de la AAPP, están aprovechando esta ley para que los trabajadores “enchufados” en estos “chiringuitos” políticos consoliden sus puestos eventuales de por vida. «

Recuerdan que se han elevado cuestiones prejudiciales por un juzgado de Barcelona para que el TJUE se pronuncie si estos procesos selectivos cumplen con la normativa europea contra el ABUSO DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL. 

En dicha demanda, solicitan al juez que suspenda estos procesos selectivos en cuanto no se contabilicen correctamente TODAS las plazas existentes en ABUSO en el AYUNTAMIENTO DE PALMA para que exista una estabilidad real para TODOS los trabajadores públicos temporales que cubren estas plazas de manera ilegal durante décadas. 

Actualmente el gobierno socialista «intenta combatir el fraude y la precariedad laboral en el sector privado con inspecciones y sanciones millonarias a empleadores defraudadores… en cambio en el sector público permite el fraude de ley y la precariedad laboral!!!»

Los juzgados se están llenando de miles de demandas de personal temporal abusado en busca del reconocimiento a la estabilidad en sus puestos de trabajo, derecho a ser empleados fijos como sanción a dicho abuso o indemnizaciones millonarias para reparar el daño sufrido….. 

Las cifras de la temporalidad en baleares hablarían por si solas: 

66% Consell insular mallorca

83% IMAS 

40% Ayuntamiento de palma 

30% Serveis generals de la Govern 

28% Educación

32% Justicia

Estas cifras son una media, llegando a encontrarse departamentos o servicios que las cifras rozan el 90% de temporalidad, Europa marca un límite máximo del 8% para no ser sancionados (sanciones que ya nos impusieron en 2018 de 100 millones €), vergonzoso!!! relatan en su nota desde ATAP.

El colectivo lleva años advirtiendo que esto llegaría y el TJUE ha dado la razón al colectivo de trabajadores en abuso, sentenciando que:

Los procesos de estabilización y consolidación españoles: “No son una medida adecuada para sancionar el abuso, ni para reparar el daño a los trabajadores víctimas del abuso, porqué no garantizan la estabilidad laboral real del trabajador abusado y que el perjuicio recaería sobre la víctima y no sobre el responsable del abuso”. 

Están haciendo todo lo contrario de lo que dictamina Europa en sus sentencias (están sacando a oferta pública, incluyendo las plazas judicializadas sin tener en cuenta las posibles consecuencias, lo hacen para bajar los índices de temporalidad al 8% y evitar sanciones)

Para finalizar y resumir en su demanda solicitan: 

1.- NULIDAD de la Oferta de estabilización extraordinaria del Ayuntamiento de Palma por ofertar plazas insuficientes e irreales. 

2.- O recalcular la oferta interpretando la ley 20/2021 en su plena esencia e incluir las plazas que faltan para estabilizar de manera real a TODOS los trabajadores en ABUSO de temporalidad.  

Si no adopta una solución real y efectiva, «los ciudadanos pagaremos la incompetencia de este gobierno socialista que le parece importar poco ciertos trabajadores y condenará a la sociedad a financiar las indemnizaciones millonarias que generen esta nefasta previsión, la cual se puede evitar con conocimiento y voluntad política.»

El coste económico, social y laboral para sancionar el abuso será elevadísimo, condenando al despido a trabajadores con edades con riesgo de exclusión social y laboral, mayoritariamente mujeres, madres de entre 45 y 50 años, desmontando equipos de trabajo formados con dinero público, con años de experiencia que dotan de calidad a sus servicios. (policías, sanitarios, técnicos, administrativos, operarios, ….) 

Todo ello será asumido por los ciudadanos…..  Y dicen que «lo tenemos que explicar claramente, se destinará con subidas de impuestos a pagar la mala gestión de la contratación temporal fraudulenta y los servicios públicos nuevamente se verán degradados.»

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