Archivo - El expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, antes de empezar su comparecencia en la comisión de investigación del Parlament por el caso mascarillas.

Archivo - El expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, antes de empezar su comparecencia en la comisión de investigación del Parlament por el caso mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de nueve años de cárcel para Joan Gual de Torrella, expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), por su presunta implicación en el caso Puertos. Los delitos que se le imputan incluyen dos de prevaricación, dos de fraude a la administración y cohecho, relacionados con adjudicaciones irregulares de explotaciones en Mahón e Ibiza.

Además, el Ministerio Público reclama penas de cuatro años de prisión para Juan Carlos Plaza, exdirector de la APB; Armando Parada, jefe de explotación; Fernando Berenguer, exjefe del área de gestión; y Dolores Ripoll, abogada del Estado, por su participación en la prevaricación como cooperadores necesarios.

Asimismo, el exalcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, enfrenta una petición de tres años de prisión por prevaricación y fraude debido a su intervención en la adjudicación del Club Náutico de Ibiza.

El fiscal Juan Carrau señala que, entre 2015 y 2020, los acusados, en sus roles dentro de la APB, actuaron de manera concertada para favorecer a particulares en la adjudicación de explotaciones portuarias, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia, objetividad y concurrencia. Estas acciones habrían causado un perjuicio económico a la APB.

Tras cuatro años de investigaciones, en junio, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma emitió un auto que cerró la instrucción y permitió avanzar hacia el juicio.

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