Devoluciones del Ministerio de Hacienda por sentencias del Tribunal Constitucional y Supremo

El Ministerio de Hacienda ha devuelto hasta junio 1.415 millones de euros en cumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Estas devoluciones afectan principalmente a mutualistas jubilados que pagaron en exceso el IRPF y a la inconstitucionalidad de medidas del real decreto-ley de 2016 del gobierno de Mariano Rajoy sobre el Impuesto de Sociedades.

Devoluciones por Sentencias del Tribunal Supremo

El informe de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria detalla que se han dejado de ingresar 708 millones de euros debido a las devoluciones extraordinarias por las sentencias del Tribunal Supremo. Estas sentencias reconocen que las aportaciones o cotizaciones efectuadas a mutualidades laborales (principalmente del sector bancario) no se dedujeron correctamente en la base imponible del IRPF.

Una sentencia del Tribunal Supremo favoreció a un jubilado bancario que argumentó que parte de su pensión, vinculada a sus aportaciones a la Mutualidad Laboral de Banca entre 1969 y 1979, no debería tributar en el IRPF. El sindicato Gestha estima que 4,8 millones de pensionistas podrían beneficiarse de estas sentencias, permitiendo reducir los rendimientos del trabajo por la parte de sus pensiones derivadas de aportaciones no deducibles, según la normativa vigente en su momento.

Devoluciones por Sentencias del Tribunal Constitucional

El informe de la Agencia Tributaria también registra una devolución extraordinaria de 707 millones de euros relacionada con una sentencia del Tribunal Constitucional. Esta sentencia declaró inconstitucionales algunas medidas del real decreto-ley de 2016, que intentaban aumentar la recaudación a través del Impuesto de Sociedades.

En enero, el Tribunal Constitucional acordó por unanimidad que ciertas modificaciones del Impuesto de Sociedades introducidas por el decreto-ley de 2016 no podían realizarse por esta vía. Estas modificaciones incluían:

La fijación de topes más estrictos para la compensación de bases imponibles negativas.
La introducción de un límite a las deducciones por doble imposición.
La obligación de integrar automáticamente en la base imponible los deterioros de participaciones deducidos en ejercicios anteriores.

Las dos primeras medidas afectaban solo a grandes empresas, mientras que la tercera podría impactar a cualquier sujeto pasivo del impuesto.

Estas decisiones judiciales subrayan la importancia de una correcta aplicación de las normativas tributarias y la necesidad de asegurar que las leyes se ajusten a los principios constitucionales.

Estas iniciativas reflejan el compromiso del gobierno con el cumplimiento de las sentencias judiciales y la protección de los derechos de los contribuyentes.