El Estado cuestiona la constitucionalidad de la Ley de emergencia habitacional de Baleares
Las discrepancias afectan a la reconversión de locales en vivienda, el incremento de alturas y el cambio de uso de terrenos destinados a equipamientos
El Gobierno estatal ha cuestionado la constitucionalidad de la Ley de Emergencia Habitacional de Baleares, una normativa derivada de un decreto aprobado en 2023 por el Govern de Marga Prohens (PP). El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha remitido un informe al Ejecutivo autonómico señalando discrepancias con ciertas disposiciones de la ley.
Las principales discrepancias giran en torno a la reconversión de locales en vivienda de precio limitado, el incremento de alturas en las construcciones y el cambio de uso de terrenos inicialmente destinados a equipamientos públicos y privados. El Estado argumenta que estos cambios deberían implementarse a través del planeamiento urbanístico de cada ayuntamiento y no mediante una ley autonómica. Sin embargo, el Govern de Baleares defiende que el planeamiento urbanístico es un proceso lento debido a la emisión de informes sectoriales y otros obstáculos, por lo que una norma con rango legal es necesaria para abordar la emergencia habitacional de manera urgente.
La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad de Baleares asegura que la ley respeta la autonomía municipal, permitiendo a los ayuntamientos adaptar su propia regulación. Los consistorios pueden decidir si aplican, suspenden o limitan las medidas en su territorio. La aplicación de la ley ya ha sido regulada por ayuntamientos de diferente color político.
La amenaza de inconstitucionalidad pone en riesgo la viabilidad de proyectos para unas 4.000 viviendas que se están planificando bajo la ley. Las autoridades autonómicas destacan la gravedad del problema habitacional en Baleares, exacerbado por los altos precios y la falta de oferta en un territorio limitado por la insularidad.
Baleares confía en alcanzar un acuerdo en la comisión bilateral con el Ministerio antes de llegar al Tribunal Constitucional, con el objetivo de continuar desplegando la ley y facilitar la creación de más viviendas asequibles en colaboración con los ayuntamientos.
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