El Consell Ejecutivo del Consell Insular de Eivissa ha resuelto interponer una sanción de 20.000 euros a un ciudadano español por comercializar una vivienda turística ilegal en el casco urbano de la ciudad de Eivissa. La vivienda, ubicada en la calle Emili Pou núm. 11, en el barrio de La Marina, se publicitaba turísticamente en una página dedicada a este tipo de alquiler con un precio de 450 euros la noche, con servicios como toallas, sábanas, TV, conexión Wifi, entre otros, y una tarifa adicional de 50 euros para limpieza. Además, el anfitrión también disponía de esta vivienda comercializada en otro portal donde se anunciaba como ‘superhost’ con un número de registro que no se corresponde con la solicitud de inscripción en el registro insular de empresas, actividades y establecimientos turísticos.

Alquiler turístico ilegal
El Consell Ibiza sanciona a un propietario por un alquiler turístico ilegal

En la revisión de la vivienda pudieron constatar el alquiler turístico ilegal

Cuando el servicio de inspección turística del Consell de Eivissa revisó esta vivienda, pudieron constatar que había dos personas alojadas que habían hecho una reserva a través de un portal comercializador por una estancia de once noches. Se tramitó así el expediente sancionador por infracción en materia de turismo por la publicidad, contratación y comercialización de la vivienda sin haber presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad turística o la comunicación previa, por importe de 20.000 euros. El anfitrión reconoció los hechos y la sanción quedó reducida en un 20%, descendiendo a los 16.000,80 euros.

El conseller de Ordenación Turística y lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha señalado que a lo largo de esta legislatura «la lucha contra el intrusismo es uno de nuestros objetivos principales, y hemos dado importantes pasos en este sentido» recordando el protocolo con Airbnb que supone buscar a los infractores «y hemos logrado con la reforma de la ley turística elevar las sanciones por estos hechos que ahora son de 40.000 euros, con calificación de ‘muy grave'».

Juan ha seguido relatando los avances dados esta legislatura en materia de inspecciones turísticas, como el impulso dado desde el Consell de Ibiza con la reforma de ley para que los inspectores turísticos puedan realizar reservas de incógnito, se ha conseguido que Airbnb identifique a los anfitriones de las viviendas anunciadas y comercializadas ilegalmente, “e insistimos en que con sanciones no se arreglará el problema: el Gobierno de las Islas Baleares debe aceptar la propuesta del Consell de Eivissa para cerrar pisos turísticos ilegales cuando se denuncien, es la única forma de enviar un mensaje contundente a los infractores y evitar que esta problemática continúe”.

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REDACCIÓN

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