Adiós a los okupas en las viviendas en España: ¿Cuándo entrará en vigor la nueva ley 'antiokupa'?

La nueva ley 'antiokupa' ha sido protagonista en los últimos días, generando polémica en el sector inmobiliario y agitando el debate político en el país. Aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados casi por accidente, esta normativa promete transformar la forma en que se gestionan los casos de 'okupación' de viviendas en España. Sin embargo, su puesta en marcha podría entrar en conflicto con la Ley de Vivienda impulsada hace más de un año por el propio Gobierno central, cuyo objetivo era fortalecer los derechos de los inquilinos.

Aprobación de la nueva ley 'antiokupa'

El pasado jueves, el Congreso de los Diputados aprobó una reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, diseñada para agilizar la resolución de casos de 'okupación' de viviendas. La iniciativa, presentada como una enmienda por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), consiguió el apoyo inesperado de formaciones como el Partido Popular (PP), Junts, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Coalición Canaria, Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Es importante señalar que tanto Bildu como ERC votaron a favor por lo que calificaron posteriormente como un "error injustificable". En contra de la reforma se posicionaron el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sumar, Podemos y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

La enmienda se enmarcaba en un Proyecto de Ley de eficiencia de la Justicia y tenía como objetivo modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En concreto, la reforma afecta al artículo 795, que regula los procedimientos abreviados, para incluir dentro de estos delitos el allanamiento de morada y la usurpación de vivienda. El resultado es una aceleración significativa en la gestión judicial de estos casos.

¿En qué consiste la reforma?

La reforma permitirá una actuación judicial mucho más rápida en los casos de 'okupación'. Los procedimientos abreviados, caracterizados por su agilidad, implican que una vez que el presunto infractor es detenido, el juez debe citarlo a comparecer en un plazo máximo de 72 horas. Durante este periodo, la policía judicial elabora los informes y recopila la documentación necesaria para la evaluación del caso.

Estos documentos son remitidos al juez, quien determinará si procede iniciar diligencias urgentes. De ser así, el juez escuchará a las partes implicadas y a la Fiscalía. Si tanto el Ministerio Fiscal como las partes afectadas solicitan un juicio oral, tendrán que presentar un escrito de acusación. El acusado, por su parte, dispondrá de cinco días para entregar su defensa. A partir de ese momento, el juez establecerá la fecha del juicio, que deberá celebrarse en un plazo máximo de 15 días. Una vez celebrado el juicio, la sentencia deberá ser dictada en un término de tres días.

Impacto en los tiempos de 'desokupación'

La entrada en vigor de esta ley promete acortar de manera significativa los plazos actuales de desalojo. Hoy en día, los procedimientos de desahucio suelen extenderse entre 4 y 9 meses, dependiendo de factores como la carga de trabajo de los juzgados y las acciones del ocupante una vez que es notificado del expediente judicial. Con la nueva normativa, estos plazos podrían reducirse drásticamente, ofreciendo una respuesta mucho más rápida a los propietarios afectados.

El objetivo es que los procesos de desalojo se resuelvan en cuestión de semanas, eliminando los cuellos de botella que actualmente dilatan las resoluciones judiciales. La posibilidad de llevar a cabo procedimientos abreviados para los casos de 'okupación' reducirá, en teoría, la inseguridad jurídica que muchos propietarios denuncian.

Fecha de entrada en vigor

A pesar de su reciente aprobación en el Congreso, la ley aún no está en vigor. Actualmente, la reforma se encuentra en el Senado, donde la mayoría del PP garantiza, en principio, una aprobación sin grandes cambios. Una vez que el Senado dé su visto bueno, la norma será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de esa publicación, la ley entrará en vigor y se aplicará de forma inmediata en todo el territorio nacional.

Controversia en torno a la ley 'antiokupa'

La aprobación de esta reforma no ha estado exenta de polémica. La rapidez con la que se ha tramitado y la inesperada aprobación de la enmienda han generado críticas en algunos sectores políticos y sociales. Para muchos, la nueva normativa entra en contradicción con la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central, que buscaba ofrecer mayor protección a los inquilinos y fomentar el acceso a la vivienda. La nueva ley 'antiokupa', en cambio, parece centrarse en proteger los intereses de los propietarios, generando un nuevo debate sobre el equilibrio entre la seguridad jurídica y el derecho a la vivienda.

Además, la forma en que la ley fue aprobada, con errores en los votos de partidos tradicionalmente alineados con posturas más progresistas, ha generado tensiones internas y cuestionamientos sobre la solidez del apoyo a la reforma. Tanto Bildu como ERC han señalado que sus votos a favor fueron fruto de un malentendido, abriendo la puerta a posibles reconsideraciones y ajustes en el futuro.

Conclusiones

La nueva ley 'antiokupa' representa un cambio importante en la gestión de la 'okupación' en España. Al incluir estos casos dentro de los procedimientos abreviados, se espera una mayor rapidez en la resolución de conflictos entre propietarios y ocupantes ilegales. Sin embargo, la controversia que rodea su aprobación y la posible colisión con la Ley de Vivienda vigente plantea interrogantes sobre su impacto a largo plazo en el panorama inmobiliario español. Mientras tanto, la espera continúa hasta que la normativa supere su último trámite en el Senado y sea publicada en el BOE, momento en el que se conocerán sus efectos reales en la sociedad.

✍ COINPE